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Camila Castillo Guerrero
Directora Regional
Asociación de Abogadas Feministas de Tarapacá (Abofem [9])

Esta semana vimos como de una manera histórica gran parte del país se encontraba expectante en el inicio de la judicialización de un caso mediático de violación y abuso sexual, conocido como Justicia Para Antonia. Sin duda que este caso que se dio a conocer el año 2019 representa de forma simbólica lo que muchas mujeres víctimas de agresiones sexuales viven, en relación al daño causado, el miedo a denunciar y el cómo actúa el sistema judicial frente a la reparación de sus derechos vulnerados.

Así, en primera instancia fuimos testigos del descontento con la decisión del Juez de Garantía de rechazar la prisión preventiva del imputado por no considerar su libertad  un peligro para la seguridad de la sociedad, para las víctimas ni para la investigación. Pero este reproche no es caprichoso, obedece a una vulneración histórica y permanente de cómo se conocen, investigan y resuelven los delitos sexuales en Chile.

Por esta razón las manifestaciones espontáneas que se realizaron en distintas ciudades del país ponen sobre la mesa un tema que las organizaciones feministas venimos hace años exigiendo: la incorporación de un enfoque de género en los procesos judiciales.

Nuestro país ha ratificado los tratados internacionales que consagran el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, así tenemos un proyecto de ley con el mismo nombre que aún sigue esperando en el Congreso. Estas normas exigen que en todo ámbito pueda actuarse con una mirada de derechos de la mujer, porque es precisamente este lineamiento el que nos permitirá lograr de forma eficaz justicia para nosotras. 

Es importante que todos los operadores de justicia y sus intervinientes tengan esto principios incorporados; así con alegría celebramos la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, pero más que la decisión del Tribunal, lo destacable es el razonamiento que tuvo para llegar a ella, incorporando las normas internacionales, ponderando los antecedentes conforme a ella y realizando las diferencias necesarias en la valoración de los bienes jurídicos protegidos, que tal como dijo el Ministro “no pueden ser valorados de la misma forma que la violación a la propiedad privada”.

Este es un avance importante, pero debemos seguir trabajando para que se transforme en la regla general y no en excepción, aún son muchas mujeres que deben convivir con la impunidad de sus agresores, y es por ellas que continuamos trabajando para conseguir de forma real una justicia feminista. 

Imagen: Huawei / Agencia Uno