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No pasó en vano que un programa de la televisión abierta mostrara el nivel de conflictividad producto del manejo de las aguas en Petorca [11]. Y es que la agricultura, uno de los principales sectores productivos del país es, también, uno de los que más consume el vital recurso.

En este sentido, los agricultores están en alerta y son críticos al emplazar al Estado a asumir el liderazgo en materia hídrica.  “Hay 101 tareas que el Estado hace en materias de recursos hídricos dispersa en 40 organismos distinto. El Estado tiene que jugar el rol regulador, hacerlo con profesionalismo y muchas veces titubea por razones políticas, por eso hay que profesionalizar las instituciones para sustraerlo de las presiones políticas”, señaló Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura [12].

Agricultura ¿versus? minería

“Lo que se produce ahí es bien complejo y el Estado tiene que tomar un rol”, recalcó el líder del agro al consultarle sobre los conflictos socioambientales que surgen entre la agricultura y la minería.

“Qué le pasa a ese agricultor que tiene un litro por segundo que le permite regar dos hectárea de riego y llega una minera. Ésta le dice: señor yo le compro su agüita y le pago 100 millones de pesos…También el gobierno cambió la norma, con un reglamento que permitió hacer el uso previsible, es decir, donde tengo dado 100 litros puedo dar 500, porque esos 100 nadie los ocupa enteros, solo el 20% entonces puedo dar cuatro veces más, eso pasó en La Ligua y Petorca y el acuífero no da”, enumeró Crespo.

Es por ello que el gremio junto a representantes del sector minero, sanitario e hidroeléctrico, tras un año de discutiendo las diferencias y llegando a acuerdo elaboró un documento que presentará al Ejecutivo, Parlamento y también a los dos principales candidatos presidenciales.

Los problemas, reiteró, le pasan al Estado "por malos manejos, incompetencia, falta seriedad en darle el status que corresponde que debe ser a nivel de superintendencia, de alto rango. No ha sido así y eso estamos reclamando, que la institucionalidad del agua recaiga en la DGA y que su director se mantenga por 10 años”, dijo el representante de la agricultura.

Pueblos indígenas

Con respecto a los pueblos indígenas, que según la normativa chilena amparada en la Ley Indígena, tienen una legislación especial en materia de aguas, Crespo expresó que “sus aguas están perfectamente cauteladas, están resguardadas, tienen el Convenio 169 de la OIT también".

El presidente de la SNA, aclaró  que los pueblos indígenas no participan en la SNA, pero si tienen problemas pueden acercarse al gremio "que vengan a hablar con nosotros y los amparemos", dijo el líder del agro al referirse a los conflictos del agua por parte de los pueblos originarios.