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El Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile tras dos décadas de debate reconoce a los pueblos indigenas como titulares de derechos colectivos. Sin embargo, dicho instrumento no ha sido respetado lo que, entre otros temas y demandas, se ha transformado en un foco de conflicto.

¿Cómo evalúa el año en términos de reivindicadión de derechos de los pueblos indigenas?

Fue un año en el que no hubo avances en el reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas. Se mantiene la ausencia de un reconocimiento constitucional, de su existencia en derecho. El Convenio 169 de la OIT -que es el instrumento más importante y ratificado por Chile el año 2009- tiene un rezago importante en su aplicación. Me refiero fundamentalmente al poder legislativo que no ha aprobado una ley que haga operativo, por ejemplo, un proceso de consulta, como algunas organizaciones así lo reclaman.

Por otro lado, tampoco ha considerado la consulta en proyectos de ley tan importantes que les afectan. A la ley de pesca, que afecta al mundo mapuche-lafquenche, se suman los proyectos de ley de áreas protegidas y fomento agrícolas que no han sido consultados a las comunidades.

En cuanto al Ejecutivo, las políticas han sido contradictorias. No se ha implementado el fondo de tierras, ha sido aplicado de manera insuficiente, más que en años anteriores, y más bien se ha promovido la asociatividad del mundo indígena con el empresariado, en el caso mapuche con el empresariado forestal. Además, se sigue aplicando la política de criminalización de protesta social indígena con persecución judicial, con tres procesos aplicando ley antiterrorista y con 24 personas imputadas por este delito.

En tanto, el Poder Judicial, frente a la criminalización, ha anulado varias de las sentencias y ha rebajado algunas sentencias. Lo que tiene que ver con el poder de consulta se han paralizado algunos proyectos de inversión como el del Morro que afecta a los diaguitas de Huasco Alto.

En el 2012 no hubo grandes avances en materia jurídica política, con una política pública muy errática que sigue sin respetar los derechos de los pueblos originarios y donde se sigue persiguiendo la protesta social indígena.

¿Qué aprendizajes dejó el 2012?

El Estado chileno no asume, por un lado, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Hay que recordar que este es uno de los ámbitos en que Chile ha sido fuertemente cuestionado y sobre el cual han recaído recomendaciones  de los órganos de Naciones Unidas, en términos jurídicos, de política pública, que no se han cumplido.

La pregunta es por qué no se puede avanzar en los derechos indígenas, una materia tan sensible y deficitaria. Esto nos obliga a analizar los déficit que este país tiene su institucionalidad en general. Lo que ha quedado en evidencia en el 2012 y en años anteriores, es que hay un agotamiento en la institucionalidad, particularmente en la Constitución Política de 1980, porque no permite una representación política de los sectores excluidos y no permite transformaciones jurídicas en esta matera. Por lo tanto, las reformas que se reclaman, así como lo hacen otros sectores del país, no pueden materializarse. La gran lección para alcanzar los derechos indígenas es que se requiere repensar las estrategias de los sectores democráticos y derechos humanos, quienes han planteado con mucha fuerza una nueva Constitución.

¿Cuáles son los desafíos para este año?

Se ha planteado fuertemente el debate sobre una nueva institucionalidad. Los pueblos indígenas han planteado sus demandas y estrategias en temas que les afectan a ellos, en la violación crítica a sus derechos humanos. Sin embargo, tal como ocurrió en otros países de la región frente a situaciones de crisis institucional, se debiera plantear estrategias de alianzas con otros sectores de la sociedad chilena para lograr transformaciones globales, que permitan un nuevo pacto social que considere sus derechos.

El término del año estuvo marcado por la situación de Vilcún. Esto da cuenta de una espiral de violencia y la condena de los actos ha sido transversal. La forma de reaccionar del Estado, en la práctica, es ambigua, porque llama a la violencia, a la represión, a la mano dura, incluso a la defensa por manos propias.El desafío es no dejarse tentar por la violencia como una estrategia válida y conducente para alcanzar los derechos de los mapuche y otros pueblos indígenas. Por otro lado, la cohesión organizativa que se requiere para poder tener la fuerza suficiente para impulsar demandas y estas transformaciones.