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La fuerte crisis que enfrenta la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha abierto la puerta a una reforma al sistema que se concretará, por parte del Gobierno, con un proyecto de ley anunciado por el ministro de Educación, Harald Beyer, para las próximas “dos o tres semanas”.

Esto, luego que el ex presidente de la entidad, Eugenio Díaz, fuera formalizado junto a los ex rectores de la Universidad Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar, Ángel Maulén y Héctor Zúñiga, respectivamente, por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos para obtener las acreditaciones. A esto se sumó un informe de Contraloría que cuestionó que la entidad esté cumpliendo con su labor.

Cabe recordar que la CNA planteó la necesidad de hacer una reforma cuando era presidida por Íñigo Díaz, quien renunció a su cargo meses atrás. La idea, sin embargo, no fue atendida por el Gobierno.

Ante la posibilidad de realizar modificaciones, la ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc (2008-2010), Sally Bendersky, sostuvo que una condición fundamental es que los integrantes de la CNA no estén vinculados con instituciones de educación superior, como ocurre actualmente: “Tiene que ser gente que sepa mucho de educación superior, pero si están participando en el sistema de educación superior en calidad de empleados de alguna institución que va a ser evaluada, eso plantea intereses conflictivos, no hay independencia de juicio. Entonces una de las cosas fundamentales es garantizar el conocimiento e involucramiento con el tema de la educación superior, pero hay que evitar que las personas que están ahí tengan compromisos con instituciones que van a ser sometidas a evaluación”, explicó.

La ex personera del gobierno de Michelle Bachelet señaló además, entre otros ítems, que el representante del Mineduc en la CNA debería ser una persona especialmente designada para el cargo, ya que el jefe de la Divesup no alcanza a cumplir adecuadamente las exigencias. Esto le ha ocurrido, indicó, a Juan José Ugarte, quien ha sido cuestionado por sus inasistencias a la instancia.

Asimismo, Sally Bendersky propuso revisar la relación con las agencias de acreditación, impidiendo que éstas hagan consultorías a las mismas instituciones que luego acreditan.

El cambio de institucionalidad fue compartido por Ignacio Charme, asesor legislativo del Instituto Libertad, quien indicó que los integrantes de la CNA debieran ser escogidos por Alta Dirección Pública.

Asimismo, Charme señaló que la acreditación debería ser “obligatoria para todas las universidades y no solo las que apuntan a recibir alumnos con becas del Estado, que es lo que se hace hoy día. Así hay una garantía, tanto para el alumnado como para el Mineduc y el sistema en general, de que la universidad que actualmente está recibiendo alumnos tiene las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y los requisitos mínimos. Que hoy en día no sea obligatorio para todos, hace que no todas las universidades pasen por este proceso”.

En cambio, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, Jesús Redondo, señaló que la instancia que se encargue de acreditar la calidad de las instituciones de enseñanza superior debe ser completamente pública:“No un aparato semi público o semi privado y volver a repetir el mismo tema. Claramente, si no hay una institucionalidad pública, lo que ocurre es que los intereses privados acaban tomándose todos los espacios públicos”, señaló.

En ese sentido, Jesús Redondo agregó que “en este momento, en casi todos los países existen agencias públicas de acreditación. Los aparatos en Europa son todos estatales y en América Latina, salvo alguna pequeña excepción, la mayoría también son aparatos públicos. El que ha optado por un modelo atípico fue el caso chileno”.

Los expertos coincidieron en que la crisis del era inevitable, dadas las múltiples deficiencias de la ley que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada a fines de 2006.