dicom.jpg [9]

Los registros de morosidad que manejaba la empresa Dicom se convirtieron en la pesadilla de millones de chilenos. Y el problema no pasaba sólo por el conocimiento público de los antecedentes comerciales, sino por la consulta excesiva de este listado que, en algún momento, llegó a condicionar la entrega de puestos laborales, la atención médica o la matrícula en establecimientos educacionales.

Todo esto cambió a partir del viernes 17 de febrero con la entrada en vigencia de la denominada Ley Dicom”. La legislación, cuya tramitación parlamentaria concluyó el pasado 24 de enero, eliminará de este registro a las personas que acumulen deudas menores a los 2,5 millones de pesos, beneficiando a tres millones de chilenos por un monto total que supera los 60 millones de U.F, según indicaron desde la Cámara de Comercio de Santiago.

El secretario general del gremio, Cristián García Huidobro, afirmó que ya se está entregando a las empresas comerciales la nómina de beneficiados, proceso que debería estar concluido este fin de semana. Por lo mismo, el lunes despertarán sin esta carga quienes “tengan deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado, que se encuentren impagas y que, al 17 de febrero, no excedan los 2.5 millones de pesos por deudo”, de acuerdo a lo que consignan los criterios de esta ley. Pero ojo, pese a que se borra el registro, no se elimina la deuda.

Pero además lo que antes se erigía como el círculo vicioso del endeudamiento también podría encontrar una salida con esta legislación. Esto porque los empleadores ya no podrán aducir al “Dicom” para negar un puesto de trabajo, lo que ayudará a las personas morosas a contar con una fuente de ingreso que le permita pagar sus deudas. De acuerdo a las estimaciones, este registro habría perjudicado a 1,2 millones de chilenos que no pudieron encontrar trabajo por este motivo.

De hecho, las compañías que no tengan que evaluar el riesgo crediticio de algún cliente ni siquiera podrán acceder a este listado. Lo mismo ocurrirá con los centros de salud, que ya no podrán negar la atención médica debido a la presencia de los titulares en este registro, al igual que los establecimientos educacionales.

En esa línea, el diputado impulsor de la iniciativa, Felipe Harboe, comentó que la principal modificación es que esta ley cambia la forma de acceso a esos datos, poniendo fin al acceso universal. Hasta ahora yo podía entregar el número de carné de una persona, pagar unos 5 mil pesos y acceder a todos sus antecedentes comerciales. Ahora, eso sólo lo podrán hacer las personas jurídicas que se dediquen al comercio o a evaluar el riesgo crediticio”.

Si bien desde la Cámara de Comercio de Santiago han advertido que esta ley no ayuda a fomentar el endeudamiento responsable y las conductas de pago, recibió el apoyo de distintos sectores que vieron los abusos que se produjeron con la mala utilización de este registro.

De todas formas, desde Dicom Equifax afirmaron que la ley “sintoniza con el trabajo que venimos realizando en pos de mejorar la calidad de nuestra información y avanzar en los procesos de regulación de nuestra compañía”.

Revisa esta noticia en www.radio.uchile.cl [10]