El Tribunal Calificador de Elecciones revocó la resolución que liberó de cargos a la ex alcaldesa de Iquique, Myrta Dubost, y le ordenó al Tribunal Electoral Regional de Tarapacá que dicte sentencia en la acusación que hicieran tres concejales en 2011, quienes pedían el cese de funciones por faltas graves a la probidad y notable abandono de deberes.

El máximo tribunal electoral del país señaló en su fallo, emitido el pasado 6 de agosto, que "no resulta procedente que el Tribunal Electoral Regional omita pronunciamiento sobre cada uno de los hechos denunciados", aunque Dubost hubiese perdido su condición de alcaldesa.

De esta manera, el Tricel echó por tierra la sentencia del pasado 25 de octubre y ordenó al Tribunal Electoral de Tarapacá que dicte sentencia y se pronuncie "sobre las causales de cese por remoción esgrimidas en los requerimientos". 

Esta medida podría significar que la ex alcaldesa quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.

Historial de la Denuncia

Cabe recordar que en 2011 los concejales de Iquique Guillermo Cejas, María Inés Machiavello y Arsenio Lozano solicitaron la remoción de la ex alcaldesa Dubost, entre otros cargos, debido a que no emitió el respectivo decreto alcaldicio para demoler un inmueble, de acuerdo a lo que había ordenado el Juzgado de Policía Local.

Otra de las acusaciones decía relación con presiones que hizo Dubost a la Jueza de Policía Local, Ana Vallette Chacón, a quien habría amenazado con el despido si no fallaba a favor de la Municipalidad de Iquique en 29 causas en las cuales estaban en juego 2.200 millones de pesos en multas cursadas a la ZOFRI. Finalmente, la jueza y su secretario fueron sumariada y despedido, respectivamente, luego de fallar en contra de los intereses municipales.

La tercera de las acusaciones de los concejales decía relación el tráfico de influencias, pues Myrta Dubost designó como alcalde subrogante a su socio Branko Restovic, entonces Director de Bienes Municipales, y a la esposa de este, Pilar Sepúlveda, como Secretaria General de la Cormudesi.

En la solicitud de remoción de Myrta Dubost también se incluyó el caso de la compra de 800 contenedores de basura, los que finalmente quedaron en desuso debido a que no cumplieron con las especificaciones técnicas necesarias que requería la empresa extractora de basura. El perjuicio económico, en este caso, fue de 300 millones de pesos, y los sumarios terminaron en sanciones calificadas de irrisorias por los concejales acusadores.

Los otros cargos decía relación con el no pago de remuneraciones a funcionarios, la intervención en una empresa para contratar o despedir personal a su antojo, pagos por servicios no prestados, el descuido del aseo de la ciudad, la entrega irregular de licencias de conducir y la designación de una socia como Directora de Secoplac, entre otras varias y graves acusaciones.

Revisa la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones.

Revisa la causa completa aquí.