Luego de que el martes el Gobierno anunciara que al día siguiente expulsaría a más de 100 migrantes, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) interpusieron recursos de amparo para tratar de frenar la medida.

Sin embargo, las maniobras de emergencia no dieron resultado debido a que no alcanzaron a ser vistos por la corte y finalmente se concretó la salida de 138 extranjeros desde Chile, quienes fueron retornados a sus respectivos países.

“Frenar expulsiones que se realizan en 24 horas desde que son informadas o donde han transcurrido solo 5 días desde el inicio del procedimiento es algo muy complejo”, reconoció la presidenta del directorio del SJM y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, en declaraciones publicadas por La Tercera.

En ese sentido, explicó que “lo que las acciones judiciales buscan es que sean los Tribunales de Justicia, tal como lo han señalado reiteradamente, los que declaren que las expulsiones así practicadas no respetan las garantías mínimas de debido proceso y se trata de expulsiones colectivas, prohibidas por el Derecho Internacional”.

El SJM presentó un recurso de amparo en favor de 54 ciudadanos extranjeros.

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RIESGO VITAL

En tanto, el INDH presentó la madrugada del miércoles un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique en favor de 23 venezolanos que formaban parte del proceso de expulsión.

El recurso planteaba que el motivo de desplazamiento de estas personas fue “buscar protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que agudizó sus problemas gravemente”.

De acuerdo a dicho organismo, los migrantes estaban pernoctando en el colegio Centenario en Iquique, donde realizaban una cuarentena preventiva y obligatoria debido a la crisis sanitaria.

A juicio del INDH, “si todas son retornadas por la fuerza a Venezuela, correrían un serio riesgo a su vida, integridad o libertad según se señalará, vulnerando de manera ilegal y flagrante además, el principio de no devolución contenido en la Ley Nº 20.430 y en múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos”.

Por otro lado, el recurso presentado por el INDH indica que las órdenes de expulsión de los 23 extranjeros incluidos en el recurso “no sólo amenazan, perturban y limitan arbitraria e ilegalmente la libertad personal de las personas amparadas, al derivar de ellas un impedimento de ingreso al territorio nacional en el evento de ejecutarse el acto de expulsión, sino que atentan además en contra del principio de inocencia y del justo y racional proceso, de la reunificación de la familia y otros derechos fundamentales”.

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Imagen: Twitter @FACh_Chile.