DDHH: Confirman condena contra agentes del Estado por secuestros y homicidios en Pisagua

DDHH: Confirman condena contra agentes del Estado por secuestros y homicidios en Pisagua

10 Febrero 2021

La sentencia incluye, entre otros, 2 presidios perpetuos y una millonaria indemnización a familiares de las víctimas.

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La Corte Suprema rechazó los recursos de casación deducido por las defensas en contra de la sentencia que condenó a 7 ex agentes de Estado por su responsabilidad en delitos perpetrados en septiembre y octubre de 1973 en el centro de detención de Pisagua.

Se trata de los secuestros calificados de Michel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal; y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y los abogados (i) Diego Munita y Ricardo Abuauad– ratificó la sentencia que condenó al coronel de Ejército en retiro Sergio Benavides Villarreal y el mayor de carabineros en retiro Manuel Vega Collao a presidio perpetuo como autores de los delitos.

En tanto, los miembros del Ejército en retiro Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve y Arturo Contador Rosales deberán purgar 10 años de presidio como autores de los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi. Sergio Figueroa López cumplirá una pena de 12 años de presidio por los mismos hechos.

Finalmente, Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los tres secuestros calificados, ilícitos perpetrados a partir del 29 de septiembre de 1973.

La Corte Suprema descartó error de derecho en el fallo atacado, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de marzo de 2018.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar, por concepto de daño moral, la suma total de 510 millones de pesos a familiares de las víctimas.

Imagen: Twitter @PJudicialChile (referencial).