Campusano, quien se desempeñaba como fiscalizadora de proyectos, fue trasladada a Santiago, a la Unidad de Traspaso de Obras de Riego de Medioambiente Territorio, el 30 de agosto del año pasado, con el objeto de "fortalecer" dicha área de la Región Metropolitana. La destinación de la funcionaria, carecía además de indicaciones de las acciones a realizar y fundamentos que justificaran la medida, lo que que fue denunciado a la justicia.

Discriminación

Entre las razones que favorecieron a Campusano, están su trayectoria y experiencia laboral, por mas de 14 años en esta dirección pública, asumiendo incluso la Dirección Regional desde el año 2000 hasta abril de 2011. Se indica además que su experiencia es de mayor valor para el norte que la zona central del país.

Así las cosas, establecido en autos que la recurrente, que durante toda su vida funcionaria se ha desempeñado en la región Arica Parinacota, cuya extrema sequía y casi nula pluviosidad han condicionado su quehacer y experiencia profesional, resulta estar -–a la luz de la lógica experiencial de la sana crítica-- menos preparada que otros funcionarios laborantes en zonas más meridionales, donde se asientan las obras antedichas. 

Se señala además que la Unidad de Traspaso de Riego de la Región Metropolitana no habría solicitado apoyo para su área, indicando a la Corte que de haber pedido un profesional, éste no contempla, las expertices de Campusano:

Texto del funcionario a la Corte: “si necesitáramos algún profesional del área técnica en la UTO (Unidad de Traspaso de Obras), con seguridad solicitaríamos alguno de la Región del Maule o de la Región del Libertador B. O”Higgins, quienes sí tienen experiencia en el tema”, y que “La jefa de la UTO no ha solicitado un apoyo que corresponda al perfil ni a las competencias de la señora Campusano”.

El fallo, señala además que hubo arbitrariedad, por parte del Ministerio de Obras Públicas en esta acción, en contra de la funcionaria ariqueña, "despojándola de la justa expectativa funcionaria de todos los empleados públicos de no ser trasladados de la locación laboral mantenida durante largos años".

Que, en consecuencia, la destinación de la recurrente deviene en arbitrariedad, y resulta vulneratoria de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en cuanto sin motivo racional  se le discrimina, despojándola de la justa expectativa funcionaria de todos los empleados públicos de no ser trasladados de la locación laboral mantenida durante largos años, por no existir en la especie razones disciplinarias ni de buen servicio que justifiquen la arbitraria y traumática destinación impugnada con el recurso.

Caso Golborne y caso Cruz Coke