A la pena efectiva de 7 años de presidio fueron condenados Neysmy Liz Toledo Riveros y Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora en calidad de autores del delito reiterado de estafa, ilícito perpetrado entre 2014 y 2016 en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

Así lo resolvió el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, que también decretó la absolución de Natalia Rocío Gutiérrez Carrillo, quien se desempeñaba como secretaria de los acusados, al estimar que no se pudo acreditar que tuviera el ánimo de engañar a las víctimas para conseguir dinero de ellas.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Toledo Riveros y Arredondo Zamora las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de multa de 21 unidades tributarias mensuales.

Si bien ambos acusados ya tenían condenas por delitos de estafa, el tribunal consideró que les beneficiaba la atenuante de irreprochable conducta anterior, ya que dichas sentencias fueron posteriores a los hechos de este juicio.

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VIVIENDAS SOCIALES Y PANELES SOLARES

El tribunal dio por acreditado que en junio y agosto de 2014, Toledo Riveros y Arredondo Zamora impulsaron la creación del comité de vivienda “Alto Miramar” y una agrupación de pequeños empresarios, simulando ser dueños de terrenos en la comuna de Alto Hospicio, los que serían destinados a la construcción de viviendas sociales y fabricación e instalación de paneles solares, respectivamente.

Las supuestas obras de construcción serían ejecutadas por la constructora de la cual Arredondo Zamora decía ser representante. En dicho contexto, los acusados cobraban diversos montos en dinero a los miembros o socios, a quienes presentaban planos y documentos de los proyectos. También arrendaron oficinas, publicitaron el supuesto proyecto en una página que abrieron en Facebook y se realizaron reuniones en sedes sociales, para explicar las características y distribución de las unidades habitacionales.

Según se estableció, dichas acciones las ejecutaron con pleno conocimiento que no cumplían con los requisitos básicos para llevarlo a término, al no contar con una entidad patrocinante o EGIS, por lo que los cobros que hicieron a las víctimas del ardid, tenían como único objetivo la apropiación y aprovechamiento por parte de Toledo Riveros y Arredondo Zamora.

CAPTACIÓN DE INTERESADOS

Además, en el caso de la agrupación de pequeños empresarios, Toledo Riveros y Arredondo Zamora realizaron la captación de interesados, ejecutando una serie de conductas tendientes a generar la falsa creencia de que Toledo Riveros era la propietaria del terreno que vendía para la construcción de galpones o viviendas, cobrando a cada embaucado la suma de $6.500.000.

También desplegaron acciones de simulación, tales como cercar el terreno con malla raschell, realizar movimientos de tierra, contratar a un guardia, construir un galpón similar al que prometía instalar en los lotes e, incluso, para dar seriedad del negocio, realizaron una ceremonia entregando un diploma con el número de socio y el terreno asignado, entre otros, en circunstancias que el sitio otorgado en arriendo por Bienes Nacionales no podía cederse a ningún título ni subarrendarse.

OTROS AFECTADOS

Asimismo, a principios de 2016, Toledo Riveros ofreció al comité de vivienda “Un hogar digno”, integrado por cerca de 200 familias, un proyecto habitacional que tenía con la entidad patrocinante San Nicolás y la constructora Santo Domingo, cuyo socio mayoritario era Arredondo Zamora, en un terreno en el sector de La Negra de Alto Hospicio, cobrando por familia la suma de $120.000, con la promesa de lograr la casa propia, en circunstancias que no eran dueños de terreno alguno y tampoco contaban con la asesoría de una entidad patrocinante.

SOCIOS CAPITALISTAS

A partir de 2013, Toledo Riveros y Arredondo Zamora se aprovecharon de la relación de confianza y amistad que tenían con el matrimonio conformado por Ingrid Muñoz Soto y Nelson Quezada Rubina para que participaran como socios capitalistas en los proyectos habitacionales que se suponía realizaban a través de la empresa constructora Inversiones Santo Domingo.

De este modo, Muñoz Soto se involucró, ayudó a formar el comité “Alto Miramar” y, a petición de los condenados, arrendó oficinas en las que supuestamente operaría la empresa Santo Domingo, pero que en realidad se destinó a casa habitación de Frank Toledo, hermano de Neysmy, generándole diversos problemas legales.

Además, financió la compra de materiales para las obras de reparación de la Gobernación Provincial, adjudicadas a la constructora Santo Domingo, con el compromiso de repartir las ganancias del negocio al finalizar los trabajos. Sin embargo, al término de la obra no recibió dinero alguno, percibiendo los acusados la totalidad de las utilidades; en tanto, la víctima sólo contrajo deudas, varias de ellas cobradas judicialmente.

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Imagen: George Hodan / CC0 Public Domain.

Tribunal oral de Iquique condenó a 7 años de presidio por el delito de estafas reiteradas a Neysmy Toledo y Gilberto Arredondo, luego que Fiscalía acreditara que los acusados engañaron a numerosas familias de Alto Hospicio a través de comités de vivienda. pic.twitter.com/F7iLqGF9Ue

— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) May 13, 2021