La Cultura y el Patrimonio son las áreas que abordará el nuevo ministerio y que pretende reunir distintos servicios que hoy están disgregados, para dar una visión integral a la futura cartera.

En ese marco es que el 16 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial la resolución que dispone la realización de la Consulta Indígena sobre el anteproyecto de ley para el Ministerio, a la que se le exige ceñirse a los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente se están realizando las coordinaciones administrativas necesarias para hacer un llamado amplio a los pueblos, trabajo en el que se piensa definir el universo de asociaciones y de comunidades que se convocan, e incluso consensuar con ellos los contenidos a consultar.

Lilia Concha, Subsecretaria del Consejo, en conversación exclusiva con nuestra emisora, expresó las intenciones del organismo en este proceso. “Nuestra aspiración es responder al espíritu y al sentido que el Convenio 169 tiene. Es que esto no sea una consulta unilateral, sino que de verdad los pueblos de buena fe, genuinamente, sean consultados en todo aquello que impacta en sus vidas como comunidades y como cultura, que no quede nadie excluido y, por lo tanto, la convocatoria sea amplia”, afirmó.

Según indicó, durante julio se definirán los equipos regionales responsables, se capacitarán y coordinarán, pensando en tener ya desplegadas las consultas regionales y locales el segundo semestre.
En ese sentido reiteró que se busca actuar “de buena fe”, por lo que se concluya en la consulta “incidirá fuerte, poderosa y determinante en la elaboración final del proyecto”. Sí advirtió que este proyecto de ley ingresará a tramitación parlamentaria que es un espacio deliberativo, por lo que allí se puede modificar el contenido que presente el Cnca.

Desconfianzas de los pueblos al proceso

Y pese al planteamiento de buenas intenciones, desde la actual institucionalidad, Wilson Reyes, representante atacameño del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) indicó que es extraño que no se comience con la consulta para la creación del prometido Ministerio Nacional de Asuntos Indígenas.

“La Consulta tiene que empezar por ley cuando se nos presenta al Consejo Nacional de la Conadi. Si empezó nosotros tenemos muchas observaciones con respecto a la metodología y temas relativos a la participación de los pueblos”, afirmó y añadió que el Decreto 66 que se utilizará no es legítimo para ellos. “Se lo hemos hecho ver al Gobierno, ese piso no nos sirve a nosotros”, dijo.

Reyes afirmó que hicieron ver en el Consejo Nacional Extraordinario su preocupación al mismo Director Nacional de la Conadi. “No hemos recibido respuesta y eso es lo que nos preocupa”, afirmó.

Pero la oposición al Decreto 66 no es nueva. El instrumento fue creado en la administración de Sebastián Piñera y ha sido vapuleado de observaciones por parte de diversas comunidades.

Al respecto, la subsecretaria afirmó que efectivamente reconocen el Decreto 66 como instrumento de referencia jurídica y afirmó que está vigente, aunque le ven un fin instrumental. “Lo hemos dicho con toda claridad, en aquello que pueda transformarse en una camisa de fuerza que no nos permita desplegar todo el compromiso que tenemos para cumplir los estándares del Convenio 169, no lo vamos a asumir”, dijo.

Por otra parte las “Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados” manifestaron que si bien el Cnca cumple con una indicación básica, no va a actuar realmente, porque rebaja demasiado el estándar, manifestando reparos a la forma en la que se está conduciendo el proceso.

Así lo indicó su coordinadora, Sandra Huentemilla quien sostuvo que “es cumplir con algo, pero que no tiene mayor relevancia, porque no hay un respeto de acuerdo a lo que se exige como estándares internacionales de Consulta. Hay un tema central: no se cumple con la consulta previa. Previa a la elaboración del proyecto, a la medida que se quiera dictar”, indicó y añadió que, pese a que se podría revisar el reglamento 66, sólo se ocupan los mecanismos de participación que allí están establecidos.

Sin embargo, el “llamado amplio” del que habla la Subsecretaria correspondería a la consulta previa, pero aún no se ejecuta, por lo que no existe mayor información. En ese sentido es que la misma Lilia Concha reconoció que la socialización del procedimiento es clave.

Los dirigentes afirmaron que el Gobierno de Michelle Bachelet realiza consultas sólo a proyectos de ley que refuerzan la institucionalidad estatal y que está imponiendo instituciones estatales, negando el derecho a su libre determinación como pueblo nación indígena. Además, denunciaron y rechazaron las “formas caudillistas para legitimar la política indígena estatal”.

Y es justamente la decisión de quienes participaran en ésta y en las siguientes consultas uno de los temas más delicados. ¿Qué líderes serán considerados como representativos para la Consulta?, ¿se logrará un consenso o el proceso sólo acrecentará las diferencias?, son algunas de las principales preguntas que surgen, cuando ya tanto dirigentes como especialistas auguran un trámite complicado y potencial foco de nuevos conflictos.