La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, confirmó que no han llegado acuerdo con el Ministerio de Justicia. La dirigenta indicó que la reunión con la ministra Patricia Pérez fue más una conversación que una negociación.

En cuanto a las acciones, los funcionarios marcharon durante la mañana de este viernes, programando otra manifestación para este lunes, a la cual anunciaron que viajarán desde las sedes de la entidad fiscal en las regiones cercanas a la Metropolitana, además contarán con el apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.

Recordemos que hoy era el día límite interpuesto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que de no mediar acuerdo entre gobierno y funcionarios anunciaría sumarse a la paralización de actividades, en señal de apoyo a los trabajadores del Registro Civil.

Nury Benítez, vicepresidenta de ANEF, instó a que el gobierno dialogara con los trabajadores y presentara una propuesta “decente” acorde a las exigencias: “Esperamos que el Gobierno se allane a sentarse a dialogar, acá falta diálogo. Estamos en una situación al límite, y definirá el apoyo en el resto del país. Vamos a definir día y hora para ver cuándo sumarnos a los compañeros del Registro Civil”.

Para la dirigente el paro ha servido para “tapar” el grave problema que la administración tiene con la plataforma web de cédulas de identidad, ya que “con esto se tapa el grave problema de la plataforma de cédulas de identidad. Esta administración contrató y licitó, pero veremos graves problemas porque aún no logran hacerla funcionar. Ellos están haciendo un doble fuego muy peligroso”.

Respecto de las demandas, los trabajadores mantienen firme su posición de mejora salarial y obtener dos grados de aumento para los 2 mil 200 trabajadores movilizados, lo que significa un alza aproximada de $45 mil 307 para un administrativo grado 20, que gana, en promedio, $ 473.716. Dicho estamento representa el 70% de la dotación actual del servicio.

En cuanto a las negociaciones, los funcionarios esperan que el gobierno mejore su propuesta de subir el grado a 800 funcionarios, en vez de los 2 mil 200 que se solicitan. Mientras el acuerdo llega, el ministerio de Justicia ejecuta el plan de contingencia para contener los crecientes descontentos ciudadanos.