La actual Ley de Migración de Chile data de 1975, lo que llevó a un grupo de diputados de a redactar una iniciativa que busca modernizarla, tras considerar que la legislación se encuentra “obsoleta” y que “ya no sirve para enfrentar la realidad”.

Entre los parlamentarios que presentaron el proyecto se encuentra el diputado iquiqueño Renzo Trisotti, quien criticó la “dejación” del Gobierno, afirmando que “estamos cansados de las excusas que ya nos dieron los ex ministros Peñailillo y Burgos, y que ahora reitera el ministro Fernández”.

Al respecto, Trisotti fustigó la postura del Ejecutivo, agregando que “en el Congreso debemos discutir cómo modernizamos una legislación obsoleta y no en anuncios gubernamentales que no se concretan”, afirmando además que el Gobierno se había comprometido a presentar un proyecto en esta materia, lo que se ha pospuesto ya en múltiples ocasiones.

Fue esto lo que llevó al diputado de Tarapacá, junto a sus pares Felipe Ward, Andrea Molina, Issa Kort, Paulina Núñez y Gonzalo Fuenzalida, a redactar la iniciativa.

Dentro de los puntos que considera el proyecto, se proponen una serie de requisitos para el ingreso y la permanencia de extranjeros y sus familias en nuestro país, como “tener un patrimonio suficiente para permanecer en Chile, entendiéndose por tal aquel que permite cubrir las necesidades fundamentales; ejercer una profesión u oficio lícito; solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo Permiso de Residencia, e informar cualquier cambio de domicilio”.

El cumplimiento de estos requisitos deberá ser acreditado cada seis meses en las gobernaciones. Su incumplimiento –según se desprende de la iniciativa- será castigado con multas que van de dos a cinco UTM, y “en el caso de reincidencia, se revocarán los permisos otorgados y se pondrá al infractor a disposición de la autoridad competente para su expulsión del país”.

Los firmantes explicaron que el proyecto plantea principios fundamentales, como una política de fronteras abiertas, la no discriminación arbitraria y la libertad de emprendimiento, entre otros.

En este sentido, Paulina Núñez apuntó que “bienvenido sea el que viene a aportar o trabajar, pero aquellos que hayan cometido delitos no los queremos ni siquiera cumpliendo la condena en Chile (…) Todo migrante que viene a delinquir debería irse al día siguiente”.

En la misma línea, la diputada Andrea Molina subrayó que “tanto a los chilenos como a los extranjeros que viven en Chile, debemos protegerlos de quienes únicamente vienen a delinquir”.