Desde los inicios de esta pandemia, diversas autoridades y organizaciones de la sociedad civil, hicieron saber públicamente su preocupación por el riesgo que corre la población penal ante el descontrolado aumento de contagios por Covid-19 en Chile. Distintos eran los factores que permitían verificar este riesgo. Por una parte, se mencionaban las condiciones de hacinamiento y de poca higiene que suelen ostentar los recintos carcelarios chilenos. En este sentido, se llamaba la atención respecto de la imposibilidad de cumplir ahí las medidas de “distanciamiento social” requeridas y de acceder a prestaciones de salud mínimamente dignas. Por otro lado, también preocupaban las consecuencias que provocaría la única medida de distanciamiento aplicable al contexto (la suspensión de visitas). A partir de ahí, era posible prever un aumento en los niveles de violencia carcelaria y, con esto, una profundización de la inseguridad que sufren internos/as y funcionarios/as al interior de los recintos penitenciarios. No en vano la Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, describiera la situación de las cárceles chilenas como “una bomba de tiempo”. 

En este contexto, observamos con mucha preocupación la situación de las cárceles en la región de Tarapacá, especialmente a partir del brote de coronavirus que afecta ya a más de 50 internos/as del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte. En particular, nos preocupa la falta de anticipación con la que se han aplicado las medidas para evitar no sólo la llegada del virus al recinto sino también su vertiginosa expansión. En esta línea, pero ahora con mayor precisión, nos preocupa la situación generada como consecuencia de la demora que está experimentando la ejecución de la pena sustitutiva de expulsión, y que afecta especialmente a dicho recinto carcelario. En efecto, hasta el 4 de junio eran poco más de 100 personas las que, privadas de libertad, se encontraban esperando la ejecución de la medida, en circunstancias que la capacidad del referido recinto (según diseño) cubre 126 plazas. Esta situación, sumada a los nuevos ingresos, puede generar un “cuello de botella” cuyo impacto será difícil de contener si no se toman buenas decisiones y a tiempo.    

A partir de lo anterior, emplazamos a la autoridad política y sanitaria respectiva para que tome medidas oportunas, considerando que estamos a poco de que estalle la “bomba de tiempo” referida arriba. Lo sucedido en Pozo Almonte podría ser la antesala de un desastre mayor, sobre todo si se consideran las características de los demás recintos penitenciarios de la región, donde hay embarazadas, lactantes, adultos/as mayores, enfermos/as crónicos y un mayor número de personas privadas de libertad. Lo anterior implica la imperiosa necesidad de anticiparse a los escenarios, consultando a las organizaciones técnicas y sociales pertinentes, así como también transparentar la información básica correspondiente a cada unidad penal situada en la región, especialmente en lo referente a cantidad diaria de contagios y test aplicados. De este modo, consideramos, podrán mitigarse los efectos que, con certeza, producirá la expansión del virus en los recintos penitenciarios de Tarapacá. Desde ya, nos ponemos a disposición para contribuir desde nuestros respectivos enfoques.

Asociación de Abogadas Feministas de Tarapacá (ABOFEM)
Asamble de Migrantes y Promigrantes (AMPRO)
Nucleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (NECfron)

Imagen: Huawei / Agencia Uno