La civilización humana se ha convertido en un “super organismo” que está modificando, transformando y afectando el medio en el que evolucionó. La interacción de los sistemas humanos y su dinámica está afectando el medio natural, alterando su equilibrio, creando nuevos riesgos para las personas, sus medios de vida y la infraestructura de soporte de los centros poblados, lo que amenaza la seguridad de las comunidades. Los sistemas humanos o ciudades están compuestos de por el territorio donde habita la población; las infraestructuras de soporte y las actividades que se desarrollan en ellas. Eventos meteorológicos extremos están impactando a nuestras ciudades en todo el país.

La comunidad científica internacional ha alertado que existe una alta probabilidad de que los eventos climáticos extremos aumenten en frecuencia e intensidad. Durante 2018 ONEMI señaló que los eventos climáticos más reportados fueron los aluviones, las inundaciones, los sistemas frontales y las nevadas; El análisis del informe estadístico de ONEMI correspondiente al primer semestre de 2019, indica que 1.252.922 personas y sus viviendas fueron afectadas por eventos climáticos siendo la lluvia el evento de mayor incidencia, seguidas por las precipitaciones estivales altiplánicas, luego los sistemas frontales.

Chile ya sido incorporado en la lista de los diez países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial según la organización Germanwatch9 encargada de confeccionar el Global Climate Risk Index (Índice de Riesgo Climático Global). Las principales amenazas del clima para las ciudades y localidades interiores de las regiones del norte del país son aumentos de temperaturas, inundaciones y aluviones. De hecho, nuestro país cumple con varios criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La interacción de factores climáticos, medioambientales y humanos pueden traducirse en impactos y desastres para las comunidades. Los fenómenos climáticos extremos pueden favorecer la ocurrencia de desastres ya que su interacción en contextos de exposición y vulnerabilidad pueden incrementar las pérdidas y el daño a las personas, aumentando el riesgo de desastres. En la región de Tarapacá, este riesgo está relacionado con la probabilidad que el sistema regional (comunidades, ambientes e infraestructuras) sufran daño, debido a la amenaza de eventos climáticos extremos o bien por la susceptibilidad que nuestro sistema experimente frente a éste tipo de eventos. En febrero de 2019 toda la región fue seriamente afectada por un evento climático extremo, que contabilizó 12,5 milímetros de lluvia caída en 2 horas que interrumpieron severamente la normalidad de ciudades y localidades regionales en un contexto de vulnerabilidad e incapacidad del sistema regional para dar respuesta frente al evento.

Existe una estrecha relación entre el riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y el cambio climático. En este sentido, la reducción del riesgo en las comunidades y la adaptación a los cambios climáticos son elementos claves. Dentro del marco constitucional, la Constitución Política de Chile, Art. 8 consagra el derecho a: “vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado, velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.” Además, dispone que: “La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”, es decir, se podrán tomar medidas excepcionales para asegurar que este derecho sea protegido. Pero que sucede en nuestro país, a los efectos de la preservación de la naturaleza, entonces, estaría dentro del ámbito de acción del Estado incorporar el cambio climático como un problema que hay que enfrentar para proteger ecosistemas naturales y alcanzar el desarrollo de manera sostenible. Sin embargo, la falta de principios ordenadores en nuestra constitución que orienten y protejan de forma efectiva el derecho “humano” a un ambiente sano y su disfrute, permite el desarrollo de actividades económicas privadas y públicas que colisionan con la debida y necesaria cautela de este derecho.

UN PRIMER ELEMENTO PARA LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL

Es muy importante que nuestra nueva constitución contenga un preámbulo donde se consignen “principios” que orienten las decisiones del Estado. Entonces, estos serán principios orientadores, es decir, será el espíritu que guía la norma, en otras palabras, será lo que dará el sentido y una interpretación a las normativas jurídicas legales existentes en nuestra comunidad.

Un macro principio al que se subordinan y acompañan otros principios es el “desarrollo sostenible”; más que un principio fundamental, este principio es fundacional, pues la sostenibilidad está en la naturaleza intrínseca de todo ser humano, es decir, la vocación de perpetuarse en el tiempo, de construir y proyectarse.

Hoy nos encontramos en un punto donde la depredación y explotación del mundo natural está generando una transformación del clima en el planeta donde evolucionamos. Por ello, es fundamental que el Estado basado en el principio del “desarrollo sostenible” tome todas las medidas necesarias para proteger a las personas en aquellos ámbitos donde las consecuencias del cambio climático pueden resultar decisivas, como en lo relativo al agua, su propiedad y la contaminación de esta, la seguridad alimentaria debido al impacto directo en los cultivos y precios de productos que no podrán satisfacer las necesidades de alimento de algunas poblaciones. El acceso a servicios modernos de energía renovable. La relación entre acceso a la energía, desarrollo local y vulnerabilidad es clara e indiscutible y está específicamente establecida en los ODS propuestos por ONU; el objetivo N° 7 explicita que se deben realizar todos los esfuerzos para “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. El acceso a la energía es de vital importancia, pues afecta las diferentes dimensiones de habitabilidad, servicios energéticos, sustentabilidad, y muy importantemente, produce una afectación profunda en el desarrollo local de las comunidades que no poseen este servicio básico y que deberán hacer frente a esta crisis climática. El daño en los ecosistemas marinos y en sus interacciones; se prevé impactos de distinto orden en las especies, así, esta pérdida de diversidad tiene como consecuencia una disminución en su capacidad de absorción de CO2 y un impacto directo en los medios de vida de cientos de comunidades costeras que viven de la extracción artesanal. El deterioro de las tierras debido al uso inadecuado con plantaciones de monocultivo y también a las poblaciones desplazadas que generaran migraciones de familias afectadas por estos cambios climáticos, así como el incremento de vulnerabilidad sobre grupos específicos como mujeres, niños, ancianos y, especialmente, personas pobres.