Senado aprueba indicación que sanciona penalmente a los sostenedores

En la sesión de ayer del Senado se mantuvo el porcentaje de selección de los liceos emblemáticos, con 23 votos a favor y 14 en contra, alcanzando el 30 por ciento del total de alumnos. Asimismo se modificó la indicación del senador Horvath, que permitía a los establecimientos entrevistar a los apoderados y postulantes. Este punto cambió de manera inversa. Ahora los apoderados podrán solicitar una entrevista, de forma voluntaria, a los colegios.

Otro de los puntos a destacar es el término del copago, que termina con el aporte entregados por los padres además de las donaciones o aportes voluntarios como requisitos de ingreso.

Sin embargo, la discusión estuvo marcada por las sanciones penales a los sostenedores, éstas son las declaraciones del senador Andrés Allamand en torno a esta materia.

“Esta ha sido la polémica que se llamó “Del emprendedor a delincuente” y que se dio a conocer a través de una carta de José Luis Velasco. Donde precisamente él hizo presente esto, diciendo: “no quiero que me traten de delincuente si en definitiva cometo un error al momento de utilizar los recursos”. El senador Walker, inmediatamente le mandó una respuesta, donde le hacía ver que esto no ocurriría e incluso le manifestó que no se preocupara porque los sostenedores privados iban a poder seguir haciendo lo mismo e incluso mejor, ya que hay personas en el Parlamento, que nos aseguraremos de que así ocurra.”, declaró Andrés Allamand en la discusión previa de la indicación que podría sancionar penal a los sostenedores.

Luego de un extenso debate, el Ejecutivo contó con el apoyo de la Democracia Cristiana y se aprobó con 23 votos a favor y 12 en contra, la indicación que sanciona penal y civilmente a los sostenedores en caso de sustraer o destinar recursos públicos con una finalidad diferente a la educativa. En la misma materia, se especificó que los administradores deben reintegrar los recursos al establecimiento y conjuntamente se le cobraría una multa de 50 por ciento de lo sustraído o desviado.

En esta indicación los congresistas de la Alianza remarcaron que aquí se estaría criminalizando el emprendimiento de los sostenedores  y creando un “tipo penal en blanco”. En respuesta de la Nueva Mayoría, intervino el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, quien planteo que no se necesita especificar un tipo de penalización específico en este artículo.

“Para aquellos que señalan que acá no habría sanción clara, les hago una pregunta: ¿por qué sería necesario crear un tipo penal en específico, si el código penal contempla, en este caso en el artículo 470, la apropiación indebida? Se aclara también que las penas por estafa, se aplicarán también. Entonces cuando exista sustracción, apropiación o desvíos de fondos distintos a los fines educacionales, habrá una sanción penal”, afirmó Rossi.

Discusión de la mañana

En la jornada matutina, se analizó también, una de las tres aristas del proyecto que busca poner fin a la selección, al copago y al lucro. En este marco, la Cámara Alta aprobó la indicación que obliga a los establecimientos que reciben subvención del Estado a organizarse como dependencias sin fines de lucro. La modificación se visó con 24 votos a favor y 14 en contra y se añadió, al concepto educación, las palabras gratuita y sin fines de lucro. Antes de esta aprobación el Senador de RN, Andrés Allamand, planteó discutir en general, todos los artículos relacionados con los establecimientos que reciben recursos del Estado.

En ese debate, el senador demócrata cristiano, Ignacio Walker, fue unos de los primeros en intervenir, explicando la importancia de este proyecto y respaldando al Ejecutivo en un nuevo punto.

“En qué consiste el fin al lucro con fondos públicos en la educación. Primero, todos los sostenedores privados, sin excepción, van a tener que ser persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Hay tres años por delante, antes eran dos. Segundo, todos los recursos públicos destinados a educación irán al proyecto educativo. Esos recursos no son privatizados.”, explicó el presidente de la Democracia Cristiana.

Además el timonel de la DC agregó que los sostenedores podrán recuperar la inversión, comprando el inmueble a precio comercial.

Después fue el turno de la oposición, en donde el Senador, Hernán Larraín, declaró que es decepcionante que todos en el oficialismo piensen lo mismo. Además destacó una hegemonía en la Coalición, donde lo público está por sobre lo privado.

Otra de las aristas más relevantes de esta jornada en el Senado fue la aprobación de la nueva redacción del artículo 13. En donde, con 23 votos a favor y 14 en contra se impedirá apelar a la ley 20.609, más conocida como ley Zamudio, para hacer uso de discriminaciones arbitrarias en pos de la libertad educacional. Cabe explicar, que esta ley permite discriminaciones o distinciones razonables, como es el caso de la libertad de enseñanza. La nueva redacción del artículo, planteado por la Nueva Mayoría, no permitiría apelar a la libertad educativa cuando ocurra una discriminación.

En el oficialismo se buscaba proteger la libertad educacional aunque se mantuvieron discriminaciones razonables como pagos de escolaridad y matrícula, así como también, cuando los apoderados no adhieran a un proyecto, abiertamente declarado y finalmente para admitir a estudiantes específicamente para hombres o mujeres.