Por Ricardo Bustamante, Jefe y Editor del proyecto Acuerdos.cl, plataforma de Fundación Casa de la Paz.

¿Podría haber quedado demostrado de manera más clara las irregularidades presentes -no sabemos a ciencia cierta desde cuándo- entre instituciones de educación superior privadas y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)?

Y es que la seguidilla de hechos que remataron con la formalización por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos en contra del ex Presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz y los rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente, terminaron de abofetear a los chilenos, la opinión pública, al mismo Ministerio de Educación y, no menos importante, a la comunidad internacional.

Fue la misma organización económica internacional de la que muchas autoridades y expertos se enorgullecen que Chile pertenezca, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la que emitió su juicio al respecto el jueves pasado, recomendando que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones de educación superior y que si los planteles no la aprueban, deben ser puestos bajo revisión y perder la autonomía. Y de no lograr la certificación, deberían perder su licencia para operar. La OCDE concluye con precisión y certeza: “Chile necesita una solución de corto plazo a un problema de largo plazo”.

Todo ello sumado al lapidario informe elaborado por la Contraloría General de la República -también la semana pasada- donde advierte que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos, se comprobó la existencia de "acreditaciones extendidas" en magíster y doctorados, regalos de despedida por $382 millones para los comisionados del período 2007-2010, y más aún, que no existe seguimiento de las acreditaciones realizadas.

Si bien, la CNA acaba de anunciar medidas para “transparentar” su gestión, en la que -por ejemplo- se busca precisar en las actas los nombres de quienes votan por cada acreditación, ya que hasta ahora sólo se consigna el resultado final, el análisis no puede ser ambiguo.

Las condiciones en que se desempeña la Comisión Nacional de Acreditación deben cambiar con urgencia, pues tanto su autonomía, como su misión -verificar y promover la calidad de las instituciones de educación superior y los programas que estos imparten- no se cumplen en varios casos, destacando los notables conflictos de interés de sus miembros, como la inercia demostrada por el Mineduc en su fiscalización.

Esta es una triste y vergonzosa realidad nacional que certifica de la forma más cruenta el paraíso desregulado en pos del lucro con la educación que ejercen distintos grupos empresariales, no con pocas conexiones políticas, convirtiendo en pesadilla sueños de millones de jóvenes y sus familias. Es deber del Parlamento y el Estado poner límite a esta situación, desde el posible cierre de varias instituciones o la estatización de determinados planteles, establecer responsabilidades precisas, como también velar por la continuidad de estudios de miles de personas, que por creer en certificaciones engañosas, más publicidad masiva, han culminado por estrellarse con un recurrente escenario: derechos básicos de la ciudadanía continúan en la más absoluta desregulación y desprotección por parte del Estado y en manos absolutas del mercado. ¿Hasta cuándo? Esperemos que hasta muy poco tiempo más.