Por José Luis Aguilera, director regional del Sernac Tarapacá

Esta semana, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, se dio un paso relevante en la tramitación del proyecto de ley que busca perfeccionar la institucionalidad de la defensa de los derechos de los consumidores.

Entre los aspectos respaldados por los senadores, se cuentan las facultades normativas que permitirán al SERNAC dar un adecuado cumplimiento a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), pues posibilita aplicar de manera concreta el mandato contenido en la Ley y los distintos reglamentos.

Asimismo, este proyecto le entrega al SERNAC las facultades fiscalizadoras y sancionatorias,  herramientas que no sólo permiten que exista un mejor estándar de protección al consumidor, sino que entrega los incentivos para que las empresas den soluciones y cumplan la Ley.

La iniciativa en trámite, además de entregar facultades al SERNAC, fortalece a las organizaciones de consumidores, duplicando el Fondo Concursable, y entregándoles nuevas funciones para desarrollar su actividad.

También establece procedimientos más rápidos y eficientes para la resolución de los  problemas, como una conciliación obligatoria cada vez que una empresa no entregue a los consumidores una solución ágil a sus reclamos. De esta manera los consumidores ya no dependerán de la voluntad de los proveedores, pues estarán obligadas a responder sus reclamos.

Por otro lado, se extienden los plazos para que los consumidores puedan ejercer sus derechos. Cabe consignar que con la actual legislación los ciudadanos pueden ejercerlos sólo dentro de los seis meses siguientes al incumplimiento, pero una vez que sea aprobado el proyecto, podrán hacerlo en un plazo de dos años.

Asimismo, las empresas que incumplan la Ley serán sancionadas con multas más altas y los tribunales podrán aplicar multas considerando la cantidad de consumidores afectados.

El proyecto también eleva el número de funcionarios del SERNAC, ampliará su cobertura con 10 nuevas oficinas, lo que permitirá a la institución organizarse como una agencia de protección moderna, que tenga la capacidad técnica para poder implementar esta ley y de esa manera poder aportar a la economía.

Ahora sólo resta la revisión de su articulado en el grupo especializado, para luego pasar a la Comisión de Hacienda, y posteriormente a la sala de la Cámara Alta.

Cuando este proyecto se convierta en ley, el país contará con una institucionalidad moderna, que va a permitir defender a los consumidores de manera efectiva, prevenir los abusos, castigar con multas ejemplificadoras, y de esa manera contribuir a un mercado eficiente con reglas claras que se cumplen.

Esperamos que este proyecto, altamente ciudadano, siga avanzando en el Congreso y cuente con el respaldo de los parlamentarios en lo que queda de su tramitación, para que pueda ser prontamente aprobado e implementado.