La Corte Suprema estableció que la Intendencia de Tarapacá actuó dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas contenidas en Constitución al expulsar a más de 50 migrantes venezolanos del país.

El fallo abordó 3 recursos de amparo presentados en favor de ciudadanos extranjeros que fueron parte de dicho proceso impulsado por el Ejecutivo, aunque no incluyó las acciones interpuestas, entre otros organismo, por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ya que aún no han sido revisadas por el máximo tribunal.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó que "expresamente la Corte Suprema señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la ley y a la Constitución, y además, dando cumplimiento a la ley migratoria".

En ese sentido, el representante gubernamental agregó que "creemos especialmente relevante comunicar a aquellos ciudadanos extranjeros que la forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente, quienes lo hacen clandestinamente arriesgan su patrimonio, su vida, pero además, obligan a Chile a iniciar, respecto a esas personas, procesos de expulsión".

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Iquique había acogido 5 recursos de amparo en esta materia, afirmando que las resoluciones adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá carecían de fundamento legal.

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