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La alimentación saludable es un derecho urgente

28 Agosto 2020

Desde hace años trabajamos para poner dentro de la agenda pública la necesidad de migrar a un sistema alimentario saludable y sostenible. El desafío es asegurar a toda la población acceso a alimentación de calidad.

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En Chile, el acceso a alimentos de calidad a precios asequibles no está garantizado para todos, y por ello urge trabajar por incorporar, de manera explícita, el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada y la definición de “alimentos saludables” en el ordenamiento jurídico nacional. Previo a la pandemia,  al menos 2,5 millones de chilenos no tenían acceso suficiente a alimentos saludables de manera regular, a la vez que el 74% de la población adulta sufrían de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad).

Haciendo frente a este tema, desde hace ya varios años, Corporación Actuemos junto a distintas organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado en poner dentro de la agenda pública la necesidad urgente de migrar a un sistema alimentario saludable y sostenible. Se ha trabajado en iniciativas que permitan que los alimentos saludables estén más disponibles y sean más accesibles y asequibles que las alternativas poco saludables, mejorando la información y la comercialización de alimentos, valorando el uso de productos tradicionales y con pertinencia territorial, y respetando las tradiciones culinarias de todos quienes habitan el territorio nacional.

No debemos olvidar que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la lucha por el derecho a la alimentación, ya que son fundamentales en los cambios sociales, representan los ideales y necesidades de las comunidades, toda vez que el Estado no ofrece soluciones para atender la totalidad de las necesidades sociales, ni a todos los sectores de la población.

Chile requiere de soluciones más integradas y políticas coherentes, y que deberían elaborarse bajo mecanismos de gobernanza participativa a fin de garantizar que dichas políticas obtengan resultados equitativos. La sociedad civil tiene que colaborar eficazmente a múltiples niveles, a fin de garantizar un proceso transparente, consensuado y crear un entorno normativo en el que las políticas climáticas, medioambientales, agrícolas y sanitarias puedan armonizarse con un enfoque de derechos humanos. Las políticas sobre agricultura, salud, alimentación y nutrición, guías alimentarias, medio ambiente, agua, energía, comercio, transporte y economía, entre otras, han de integrarse mediante un proceso de múltiples partes interesadas a fin de promover sistemas alimentarios sostenibles y saludables.

El desafío de asegurar a toda la población acceso a alimentación de calidad, requiere de compromiso político y participación de todos los actores (sociedad civil, academia, organismos internacionales y otros actores relevantes), con el fin de asegurar acceso a las personas a alimentos saludables en tiempo y forma.

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