La medida se ejecutará con el apoyo del Ejército boliviano, para “evitar bloqueos” que impidan la entrega de los autos.

“El gobierno boliviano procederá en un máximo de 45 días a la entrega (de los vehículos robados)”, aseguraba el oficio remitido por la Cancillería del país altiplánico y que el jueves llegó a manos de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex).

Un documento en que la administración de Evo Morales se compromete a repatriar los 570 vehículos que cruzaron la frontera de manera ilegal y que desde hace seis meses son reclamados por las autoridades chilenas para ser devueltos a sus dueños. Esta medida debiese ser concretada antes del término de abril.

Según explicaron en la fiscalía, el oficio enviado desde La Paz establece que, además de Chile, y otros países requirentes como Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, deberán remitir en un formulario que indique el listado total de vehículos, el cual, a su vez, será canalizado las primeras semanas de marzo “a través de los distintos consulados”, consigna el documento.

La solicitud de repatriación de los vehículos robados comenzó luego de que, el 8 de junio de 2011, Evo Morales anunciara un proceso de regularización y amnistía para aquellos autos que no tenían documentación. El llamado congregó a más de 128.000 vehículos que circulaban en forma irregular por las calles bolivianas.

Sólo un mes después de este hecho, las autoridades chilenas enviaron un oficio a La Paz pidiendo la devolución de 1.496 vehículos que habían sido robados desde Chile, principalmente entre 2007 y 2010, y que fueron sacados de forma ilegal al vecino país.

En septiembre de 2011, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, envió el primer oficio a su par boliviano, el Fiscal General Mario Uribe, para dar celeridad al proceso de devolución. La respuesta de la Cancillería altiplánica fue retardar esta entrega, invocando que Chile no había ratificado un tratado internacional de devolución de vehículos.

Para concretar la entrega de los automóviles, la Cancillería boliviana anunció que contará con un apoyo logístico especial de seguridad que estará a cargo de las Fuerzas Armadas de ese país.

Según consta en el documento remitido a Chile, el resguardo de la zona fronteriza estará a cargo del Ejército, “para evitar bloqueos y otros problemas derivados del costo social que la entrega supone”.

De acuerdo a  las normativas bolivianas, una vez que los vehículos traspasan la frontera y son entregados a las autoridades locales, Chile deberá pagar los costos de la operación que significó la entrega de los vehículos robados en suelo chileno.

Fuentes: La Tercera, CNN