El referendo revocatorio ya está envuelto en una confusión sobre qué porcentaje de los votos serán necesarios para que los gobernadores (llamados localmente prefectos) continúen en el cargo, lo que podría significar que el resultado sea impugnado.
También hay dudas considerables sobre si el referendo ayudará a reducir la aguda polarización social y geográfica de Bolivia y permitir mayor gobernabilidad.
El pasado mes de mayo, el presidente Morales accedió a someterse a la consulta popular, en parte por creer que podría aprovecharla para retornar el apoyo político y utilizarlo contra sus opositores en los departamentos orientales, ricos en gas.
En los últimos tres meses, la oposición ha tomado la delantera. En los departamentos o prefecturas de la llamada Media Luna, Santa Cruz, Beni, Trinidad y Tarija, una significativa mayoría votó a favor de mayor autonomía del gobierno central, en una amplia gama de aspectos. El gobierno tildó estas consultas de ilegales y acusó a los gobernadores departamentales de derecha de intentar desmembrar el país.
La raíz del conflicto es el deseo del presidente Morales de aprobar una nueva Constitución. Esto le daría mayor participación a los departamentos más pobres de occidente de la riqueza gasífera de Bolivia, distribuir más tierras entre la mayoría indígena del país y permitir a Morales buscar la reelección.
Los departamentos orientales, encabezados por Santa Cruz, se oponen enérgicamente a estos cambios.
Muchos observadores en Bolivia dudan seriamente que los referendos revocatorios del domingo saquen al país de la polarización política. Si Morales logra más votos que los que recibió el 2005, se sentirá animado a impulsar otro referendo, esta vez el de la nueva Constitución.
Pero los líderes opositores también reivindicarán que tienen mandato para oponerse si son confirmados en sus cargos y podrían endurecer su posición.
El gobierno advirtió que Bolivia está en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional” para derrocarlo y atribuyó el plan a los prefectos opositores de regiones autonomistas. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se refirió al presunto complot en declaraciones realizadas a la radio estatal Patria Nueva.
Por su parte, Evo Morales, quien cerró su campaña en su fortín de El Alto, cerca de La Paz, vivió una insólita situación para un Jefe de Estado, cuando entre el martes y miércoles no pudo visitar, por las protestas en su contra, cuatro regiones, en manos de la oposición.
En el acto de campaña llegó el miércoles en la tarde a Santa Cruz, pero por las protestas no pudo salir del aeropuerto. De allí tenía previsto desplazarse hacia Trinidad, en Beni, pero suspendió su objetivo, advertido de que también habían otros grupos de manifestantes.
Más temprano había tenido que cancelar su visita a Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde debía leer ante el Congreso y el cuerpo diplomático su discurso de gestión y la víspera suspendió su encuentro en la sureña Tarija con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y de Argentina, Cristina Fernández.
El presidente Morales se refirió a esta situación señalando que se trataba de una “dictadura civil que atenta contra la democracia. Lamento mucho que ahora las dictaduras de los sesenta y setenta están siendo sustituidas por algunos grupos que toman aeropuertos”, dijo el mandatario en la central Cochabamba, durante la celebración del Día de las FF.AA.
Sus adherentes han elogiado la prudencia del presidente, señalando que ha preferido evitar las confrontaciones. Pero el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, el más connotado opositor del gobierno, calificó de “insólito” que el presidente no pueda visitar “cinco o seis departamentos”.
Costas y el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, están en huelga de hambre desde el lunes y exigen que restituya a las regiones los recursos del impuesto gasífero.
La representante de la ONU en Bolivia solicitó a los actores políticos y a la sociedad boliviana generar un ambiente de tolerancia y que las diferencias sean resueltas por el diálogo. “Frente a este clima de tensión, que se manifiesta también en otras regiones del país, Naciones Unidas hace un llamado a todos los actores políticos y a la sociedad boliviana en su conjunto, para que contribuyan a generar un ambiente de tolerancia y para que toda diferencia sea resuelta mediante el diálogo, en el marco del respeto a los derechos humanos”, destaca un comunicado de prensa del organismo internacional.
Otras instituciones también expresaron preocupación por el grado de intolerancia que va en aumento. “Alertamos al país que los ideales de la democracia se hallan en peligro por la división, intolerancia, descalificación mutua, desconfianza, interés egoísta, racismo”, señala el mensaje de la Conferencia Episcopal.
Fuentes:
BBC
Clarín
El Comercio
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