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Durante la semana pasada se realizó un seminario sobre los resultados de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En esta instancia expusieron los agentes negociadores de los países participantes latinoamericanos: Chile, Perú y México.

Un tema que ha sido ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos dice relación con la consulta a los pueblos originarios acorde al Convenio 169 de la OIT.

Antes de que este acuerdo fuera aprobado, en febrero pasado, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, advirtió que, eventualmente, podría socavar los derechos culturales y territoriales de las comunidades.

Sin embargo, en este encuentro, Felipe Lopeandía, negociador jefe del TPP de la Dirección de Relaciones Exteriores de Chile, DIRECON, afirmó que no se realizará una consulta indígena porque no habría una afectación directa a los pueblos originarios.

La misma opinión fue compartida por la directora general de la consultoría jurídica de la Secretaría de Economía de México, Samantha Atayde, quien consideró que, en general, el TPP no vulnera derechos indígenas.

“En nuestro análisis no consideramos que todas las disposiciones del tratado en su conjunto los vulnere, y si es necesario una consulta se tendría que efectuar en el proceso que sigue”, indicó.

Declaraciones que para Paulina Acevedo, vocera del movimiento “Chile mejor sin TPP” son graves, porque el tratado menciona materias sobre pueblos indígenas donde se hace pertinente realizar la consulta.

“El Gobierno habla de ‘afectación directa’ y con esto valida los decretos impuestos por el ex presidente Sebastián Piñera respecto de la consulta indígena por sobre los estándares internacionales que Chile ha adscrito en materia de consulta indígena. Esa es la métrica que el Gobierno ha utilizado para negarle el derecho a las comunidades ser consultadas tanto en las negociaciones, tramitación legislativa y en el conjunto de leyes que puedan salir de este tratado”, sostuvo.

Desde el Observatorio Ciudadano señalaron que hasta 2014 un 74,6 por ciento de las exportaciones de Chile se concentraban en tres rubros: minería con el 62 por ciento; industria celulosa y madera con el 8 por ciento y salmonicultura con el 4,6 por ciento del total. De estas inversiones, la mayoría se ubican en tierras que el Convenio 169 define de “ocupación tradicional indígena”.

Para José Aylwin, codirector del organismo, pareciera que los conflictos generados por estos acuerdos de inversiones no han sido considerados por la autoridad al momento de negociar y suscribir el TTP, según explicó.

A fines de abril se realizará un encuentro en Perú entre pueblos originarios de ese país, México y Chile, donde se analizará el último informe industrias extractivas en territorios que carecen de consultas indígenas, y también la implicancia del TPP sin esta consulta.