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Hace unos días, el senador Rossi llamó al alcalde Soria a entregar la educación municipal al gobierno, debido, según sus palabras, al fracaso en calidad que ésta registra, a raíz de los continuos bajos resultados SIMCE en la comuna.

De los dichos de Rossi, salta a la vista la ingenuidad del senador al suponer que nadie se dará cuenta que se ha acordado de la educación municipal en Iquique justo ahora cuando, por una parte, está compelido a limpiar su deteriorada imagen ética en materia política, y cuando, por otra, el alcalde Soria acaba de anunciar oficialmente que ya es candidato al Senado. 

En verdad, el comentario de Rossi no responde a mayor convicción en materia de educación, sino a la inveterada obsesión suya por desplazar al viejo caudillo, que si de veras llega a ser candidato al Senado, Rossi puede empezar a olvidarse definitivamente de volver a él, por lo menos en nuestra región. Eso, para empezar. Además, las palabras de Rossi revelan, una vez más, que el joven senador entiende muy poco de educación.

Veamos: Primero, la calidad de la educación no sólo se mide con pruebas de conocimientos, sino también con arreglo a otras variables, entre ellas la más importante de todas, la calidad del ambiente, convivencia e interacción diaria al interior de las escuelas entre docentes y educandos, como asimismo entre la escuela y los padres, familias y tutores de los niños. Eso implica la destinación de fondos a la correcta estructuración y re-estructuración de dependencias en las escuelas, la contratación de trabajadores sociales, psicólogos y psico-pedagogos profesionales para cada establecimiento, especialmente en localidades, como Iquique, en que hay fuertes expresiones de desigualdad social, problemas de violencia y abandono de los niños al interior de muchos hogares, drogadicción, casos de suicidio juvenil, etc. A ello, hay que sumar la aplicación de ciertas estrategias metodológicas en el plano del currículo general de cada escuela, asunto que no compete a políticos, sino exclusivamente a especialistas.

En segundo lugar, aun con su relativa validez evaluativa, cuestionada desde hace mucho tiempo por infinidad de expertos, SIMCE (“Sistema de Medición de la Calidad de la Educación”) no mide toda la calidad educacional, sino, a pesar de su pretencioso nombre,  sólo una parte de ella, el rendimiento asignatural. Además de ciertas fallas metodológicas muy evidentes, es una prueba de tipo nacional en un país por definición diverso y heteróclito hasta la exacerbación. 

En Chile, desde hace mucho tiempo se viene aplicando esta prueba por igual a niños de las escuelas de Las Condes o Vitacura, como a los que asisten a las escuelitas rurales de la Araucanía o las masivas escuelas de las barriadas santiaguinas de Cerro Navia o la Legua. En verdad, lo que más refleja SIMCE son las agudas diferencias de clases que hay en Chile, y con ello, esta prueba respalda la acusación de la OCDE contra nuestra educación escolar, en el sentido que su calidad está “directamente asociada al ingreso familiar.” 

Obviamente, pruebas como SIMCE no existen, en absoluto, en países que exhiben buenos niveles educacionales. En los demás, si existen, son descentralizadas y muy acotadas a contenidos regionales.  

La educación escolar es de administración municipal en todos los países de democracia avanzada del mundo, y, por lo tanto, decididamente descentralizada. Es lo que Rossi debiera propugnar, como miembro de un partido político que, por lo menos en la letra, es democrático y de izquierda. La municipalización de la educación no es más que una expresión del particular 
orden democrático y participativo que los países de buen desarrollo educacional se han dado. Su sentido y pilar es la participación del pueblo en la educación de las jóvenes generaciones, que sólo puede partir desde la primera instancia de la democracia, la comuna.

En los países en que la educación es municipalizada, existen los “consejos comunales educacionales,” cuyos dirigentes son elegidos en elecciones populares. Por lo tanto, a contracorriente de la probada eficacia internacional que exhibe la municipalización en democracia, el actual gobierno de Chile está cometiendo un muy serio error, quizás el más grave de toda su gestión, al decretar la desmunicipalización de la Educación, en lugar de mejorar el actual sistema municipal.

Para que no reclamáramos quienes, modestamente, entendemos de Educación, el decreto desmunicipalizador del gobierno viene, efectivamente, con los “consejos locales educacionales,” pero curiosamente hasta hoy, tal capítulo de la propuesta ni siquiera se ha discutido, ni formulado sus alcances en ningún punto ni materia; menos aun ha sido discutido en instancia alguna. Ni siquiera sabemos si se ha redactado o se está redactando. 

Lo más divertido de la propuesta desmunicipalizadora del gobierno es que ella podría contar con el respaldo de la derecha, la misma que hizo todo lo contrario, pero en dictadura. Con respecto a la “municipalización” en dictadura, el dato mayor de la causa es que el traspaso de las escuelas y liceos públicos a las municipalidades en Chile no tuvo origen ni basamento democráticos; vale decir, fue nada más que una de las tantas medidas autocráticas de la dictadura cívico-militar de derecha que acabó con nuestra antigua democracia.

Según rezaba la propaganda dictatorial de la época, la única permitida, la municipalización era signo que Chile estaba “aprendiendo” de los países de excelencia en materia de educación. Sin embargo, la dictadura se hacía la desentendida del hecho que todos esos países eran democráticos, que en ninguno de ellos existían las descomunales desigualdades sociales que se multiplicaron exponencialmente en razón de la imposición del modelo social y económico que advino con ella, y que aún perviven en nuestros días. 

Finalmente, en su propaganda la dictadura jamás mencionó los consejos locales educacionales, cuya constitución es inexorablemente inherente al modelo municipalizador. Por ello es que el traspaso de la educación escolar desde el Estado a las municipalidades no era sincero ni podía ser efectivo. Además de todos los abusos que se cometieron en materia laboral, profesional  y humana con nuestros maestros, la municipalización, a diferencia del modelo democrático de municipalización, sólo se confinó a la educación pública; tampoco se hizo algún distingo medianamente serio entre los municipios con mayor capacidad de financiamiento y los más pobres; los alcaldes de la época eran exclusivamente personajes de derecha designados desde el Ministerio del Interior, y a su vez, ellos designaban a los directores de las escuelas, y, bueno, mejor paro de contar. 

Aquello, recto verso, no era municipalización de la educación, como se quiso hacer creer al pueblo de Chile; sino una forma de control ideológico-político sobre los docentes, los asistentes de la educación de la época, los alumnos de los cursos mayores de la educación secundaria, sus hogares y la sociedad toda. El gremio de los profesores (el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE) ya estaba disuelto, con muchos de sus antiguos dirigentes presos o asesinados.  

Lo peor de toda esta comedia es que la municipalización hecha en dictadura sigue casi invariable hasta hoy. Los municipios aún observan desiguales competencias técnicas para su administración; ante la ausencia de consejos comunales educacionales, los alcaldes siguen siendo pequeños señores feudales que pueden hacer lo que se les venga en gana en la administración de la educación local, como, por ejemplo, en cuanto la contratación de personal, en la que, como sabemos,  demasiadas veces priman los intereses político-partidistas y el nepotismo por sobre las capacidades profesionales; las áreas educacionales de los municipios del país no se conocen entre sí, lo que hace difícil planear acciones regionales conjuntas; existen municipios al borde de la quiebra, con tan serios problemas de financiamiento, que ni siquiera pueden solventar el pago de imposiciones de docentes y asistentes de la educación.

En este caos, entre otras barbaridades, como efecto de sus crujías económicas, en muchos municipios ha habido malversación de los recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), dictada exclusivamente para el mejoramiento de la educación en las escuelas que atienden a los niños provenientes de las familias pobres. A todo esto, también hay que agregar el hecho que hay alcaldes que no creen que la Educación es la más importante de las instituciones sociales, y la relegan a un plano secundario, distrayendo su atención principalmente en otras áreas. En resumen, la educación, sobre todo en nuestros tiempos de progreso de la idea democrática, de las comunicaciones y el desarrollo general de los países, no debiera, por ningún motivo, ser centralizada, y es eso lo que propugna el proyecto del gobierno. Toda la educación escolar, la pública, la  privada, y la privada- subvencionada,  debería ser de administración municipal, pero, por supuesto,  jamás en la forma concebida e impuesta al país por la dictadura. 

Hoy, Chile tiene la oportunidad de asumir la municipalización de manera correcta; es decir, en un marco democrático de descentralización y  regionalización. Sería así, si de este modo lo quisieran nuestros gobernantes y políticos profesionales. 

Volviendo a Rossi, si realmente quisiera mejorar nuestra educación escolar, no debiera confundirla con el problema senatorial que tiene con Soria, sino, abogar por frenar el proyecto de desmunicipalización en marcha. ¡Sancta simplicitas! , si se aplicara en Chile el modelo  municipal correctamente, otro gallo cantaría en educación en nuestro país.

PROF. DR. HAROLDO QUINTEROS - Iquique, 22 de marzo de 2016.