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Cancillería defiende de que se modifique la ley que regula el lobby. Esto en búsqueda de exigir que su aplicación sea únicamente en territorio nacional y los excluya de ciertas obligaciones. Sin embargo, los parlamentarios de la Comisión de Constitución no están en pleno acuerdo con la propuesto, por ello piden congelar su trámite legislativo.

En medio de las audiencias, el Consejo para la Transparencia expuso ante la Comisión una serie de observaciones al proyecto, acatando una posición similar a la planteada por los diputados.

En la misma línea, Guillermo Ceroni  (PPD), señaló que la ley actual no le causará problemas al Ministerio de Relaciones Exteriores al exigírseles la petición de audiencias y datos de sus reuniones  internacionales, puesto que la norma es suficientemente amplia para permitir gestiones y encuentros diplomáticos fuera del lobby.

“Encuentro inconveniente que recién aprobada una ley del lobby se les estén ya haciendo modificaciones, es como decir que no se legisla bien y el Ejecutivo estar diciendo ´nos equivocamos cuando recién partió´”.

En tanto, el diputado UDI Arturo Squella, integrante también del comité, opinó que está bien que se hagan excepciones  en el trabajo diplomático, pero no para todas las reuniones en el extranjero como se está pidiendo.

De este modo, para el gremialista es necesario sacarle la suma urgencia a la modificación y reestudiarla entre la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia, así finalmente definir cuál es el texto que se quiere que el Congreso tramite.

“Que lo digamos nosotros que somos de oposición quizás no tiene ninguna novedad, pero los más enfáticos fueron los miembros oficialistas de la Comisión de Constitución. Entonces, esa transversalidad habla de que efectivamente está mal enfocado y planteado (lo que dice Cancillería). No obstante, existe el mejor de los ánimos, incluída la oposición, de contribuir a que un nuevo texto sea tramitado como corresponde”.

El coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente, Álvaro Castañón, sostuvo que no se puede hacer una distinción de las autoridades si tienen reuniones en Chile o en otro país, lo que sí se puede clasificar son los temas causales de exclusión. Por ejemplo, los que traten seguridad o interés nacional y  donde los registros tendrían que rendirse de forma reservada al Contralor.

“Se consagra en el proyecto un principio de territorialidad de la ley que es inconveniente porque cuando el presidente con empresarios salen de gira, se podría hacer lobby en otro país o se podría viajar a Buenos Aires y tener reuniones allá, pero no se estaría infraccionando la ley porque ésta solo regiría dentro del límite territorial chileno” criticó Castañón.

Asimismo, el integrante de Fundación Ciudadano Inteligente consideró que la Cancillería se equivoca al pensar que la ley rige la relación entre estados, cuando es entre intereses particulares y el lobby.