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Tal como lo adelantara El Boyaldía en su edición de esta madrugada [17], el Juzgado de Garantía de Iquique y la defensa de los acusados por fraude en subvenciones habitacionales aprobaron la propuesta del Ministerio Público de llegar a una salida alternativa, la cual obliga al pago de más de 8 millones de pesos a cada uno de los imputados.

De acuerdo a la determinación del tribunal, una de las hijas del Alcalde Ramón Galleguillos y la actual periodista y encargada de relaciones públicas del municipio de Alto Hospicio deberán devolver, en un plazo de 15 días a partir de este lunes, las 330 unidades de fomento que se les concedieron al optar a las viviendas sociales, esto es, $8.126.943.

Los otros tres funcionarios acusados, también en ejercicio en la municipalidad, deberán pagar la misma cantidad de unidades de fomento, pero en ocho cómodas cuotas mensuales.

Ana María Pino, abogada del Consejo de Defensa del Estado y querellante en esta causa, solicitó además la devolución de las propiedades, pero la defensa de los imputados respondió rápidamente que el acuerdo era devolver los ocho millones de pesos de los subsidios, que corresponden al monto defraudado, lo cual fue acogido por el juez.

Así las cosas y debido a la irreprochable conducta anterior, los imputados se mantienen como propietarios de las viviendas sociales y la causa queda suspendida por tres años, período en el cual no pueden ser formalizados por otros delitos, incluida la conducción bajo estado de ebriedad.

La fiscal de Alto Hospicio a cargo del caso, Virginia Aravena, explicó que la salida alternativa se ofreció debido a que "los imputados, todos y cada uno de ellos, han cumplido con los requisitos que establece la ley. Entendemos que con eso se han satisfecho plenamente los intereses fiscales, porque la condición básica que se ha establecido acá es la devolución del beneficio fiscal que se les otorgó en su momento, que eran 330 unidades de fomento, actualizadas al día de hoy, por lo tanto entendemos que con eso se ha dado un buen término a esta causa".

Respecto de la devolución de las viviendas, la fiscalía consideró que con el correr del tiempo los imputados realizaron mejoras a las casas, optaron a otros beneficios, las han ampliado "y, en ese entendido, nosotros no podemos aprovecharnos de un aumento de valor que han sufrido estas casas (!). Por lo tanto, lo justo en este caso era la devolución, plenamente, del beneficio que se les había otorgado en su momento", sostuvo Aravena.

Los imputados no fueron condenados ni se consideran culpables para la ley. Según la fiscal Aravena, se trata de "una salida alternativa que no implica aceptación de responsabilidad, sino que con ello se pone término de una manera justa, por decirlo así, a una causa".

Quienes se mostraron indignados con la negociación de la fiscalía eran los abogados que representan al diputado Hugo Gutiérrez, querellante en la causa, quienes manifestaron no estar de acuerdo la actuación del Ministerio Público, por lo que apelarán a la resolución.

El diputado Gutiérrez, en tanto, señaló desde el Congreso que "hoy logramos que los funcionarios y la hija del alcalde de Alto Hospicio restituyan al fisco subsidios habitacionales obtenidos con fraude, entregando información falsa a la ficha de protección social".

Lo inédito

En una inédita medida de protección, el juez de garantía dictaminó -a petición de la defensa- la prohibición de dar a conocer las identidades de los imputados, debido a que tras el fallo son considerados inocentes...