Este 14 de agosto se conmemora el 24° aniversario de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño por el Estado de Chile en 1990. En este marco, UNICEF Chile realizó un balance con los avances y los desafíos en materia de infancia, en las siguientes áreas: Educación, Prevención de la Violencia, Protección Legal, Políticas Sociales, Infancia Indígena, Primera Infancia y Participación Adolescente.

“Sin duda, se ha avanzado muchísimo en estos 24 años, pero sabemos también que debemos seguir trabajando para alcanzar la plenitud de los Derechos de los niños y niñas y adolescentes que viven en este país”,  afirmó la Representante de UNICEF para Chile, Hai Kyung Jun.

Considerando que, según proyecciones del INE, en 2014 habrá más de 4,6 millones de personas entre 0 y 18 años, las principales preocupaciones que manifiesta UNICEF Chile está la inequidad social en que crecen los niños, niñas y adolescentes, la que se manifiesta en brechas existentes en materia de educación, por ejemplo. Asimismo, destaca la necesidad de disminuir la violencia y avanzar en la inclusión de la infancia y adolescencia en ámbitos como protección y participación social.

“Estos temas debiesen estar contenidos en una ley de garantía universal de Derechos de la niñez y adolescencia, que contenga la voz de los niños de este país”, acotó la Representante. “En este tema de vital importancia para Chile, valoramos la creación del Consejo Nacional de Infancia, por mandato de la Presidenta de la República de Chile, el que se encuentra trabajando precisamente en este cuerpo de ley, entre otras iniciativas fundamentales en pro de la infancia”, agregó.

EDUCACIÓN

En los últimos 25 años, Chile ha experimentado un aumento sostenido de la cobertura educacional en todos sus niveles de enseñanza, alcanzando en 2011, un 92,8% en educación básica y un 72,2% en educación media, según datos de la Encuesta Casen de ese año. Esto se explica, entre otras cosas, a que en 2003 se promulgó una Reforma Constitucional que estableció la enseñanza media como obligatoria y gratuita hasta los 21 años, medida que amplió la escolaridad obligatoria de 8 a 12 años.

“La educación es un derecho humano fundamental. Es un derecho esencial que habilita el ejercicio de otros derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo del individuo y la sociedad a la que pertenece”, señaló la Representante.

En cuanto a la inequidad de nuestro sistema educativo, el Encargado del Área de Educación de UNICEF, Daniel Contreras, recomendó que “Chile avance hacia la inclusión para eliminar la discriminación y se asegure que todos los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades para aprender”. En materia de calidad, el principal desafío es que “los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a  contar con todos los requerimientos necesarios para desarrollar al máximo sus potencialidades”, describió el especialista.

“Según el enfoque de derechos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder y permanecer en la escuela, por lo cual se debe fomentar la asistencia regular a clases y reducir la deserción escolar”, expresó Daniel Contreras quien resaltó la actual situación de 86.701 niños niñas y adolescentes, de entre 6 y 17 años, que están fuera de la escuela, cifra que aumenta a 307.122 estudiantes si se considera el grupo que tiene entre 18 y 19 años, según los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

“Durante las últimas dos décadas, la violencia hacia los niños y niñas se ha visibilizado y convertido en un problema de importancia nacional, especialmente aquella que ocurre en contextos familiares. Esto ha permitido el desarrollo de políticas y programas destinados a proteger a los niños, niñas y adolescentes y evitar la vulneración de sus derechos”, explicó Soledad Larraín, Encargada del Área de Protección de UNICEF Chile. A este punto agregó que “nos complace ver hoy cómo el trabajo sistematizado que se hizo desde UNICEF fue recogido como política pública al interior del Ministerio de Salud, con el fin de promover la prevención de la violencia y del abuso sexual infantil”.

Según cifras del 4° Estudio de Maltrato de UNICEF Chile, el 71% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia y el 8,7% ha padecido de abuso sexual durante su niñez. Larraín señaló que para modificar este panorama se requieren una Ley de Protección Integral, una ley que prohíba el castigo corporal, mecanismos para aumentar la oferta de atención a las víctimas y un sistema de intervención y prevención del maltrato infantil.

En otro ámbito, según información entregada por el Servicio Nacional de Menores (Sename) de 2013, 9.889 niños, niñas y adolescentes residen en instituciones de protección. En este contexto, UNICEF promueve la prevención de la institucionalización a través de la detección temprana de los factores de riesgo y del fortalecimiento familiar. Además, el organismo promueve la instauración del cuidado alternativo bajo las directrices que propone Naciones Unidas, así como erradicar la internación de niños y niñas de entre 0 y 3 años.

“Para UNICEF es imperante que la institucionalización de menores de edad sólo se produzca como última medida. También es necesario incorporar políticas que propicien la restitución del derecho de los niños de vivir en familia. Para esto se debe trabajar con las familias de los niños y adolescentes en residencias, las familias de acogida o de adopción, siempre buscando fortalecer sus capacidades de cuidado”, aseguró Larraín.

​PROTECCIÓN LEGAL

En materia legal, uno de los progresos más relevantes fue la promulgación de la Ley 19.585 (1999), que modificó el Código Civil en el ámbito de filiación, poniendo término a una discriminación vigente desde 1855 y que distinguía a los hijos entre legítimos, ilegítimos y naturales.

Para el organismo internacional, también se registró un avance en el Sistema de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes que, a través de un Decreto del Ministerio de Justicia en 2006, aprobó el Reglamento a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, creando un sistema de supervisión extrajudicial e interinstitucional que vela por el cumplimiento de estándares mínimos de privación de libertad, tanto en infraestructura como en la oferta de reinserción social.

El progreso más reciente fue la reforma al Código Civil que crea la figura del “Cuidado Personal Compartido”, en 2013. A través de la promulgación de esta ley se incorporaron normas relativas al derecho a vivir en familia, la reunificación familiar y la corresponsabilidad parental. “De esta forma, se  promueve el acuerdo de los padres para determinar el cuidado personal y fortalecer la participación de los ex cónyuges en la crianza de los hijos”, explicó el Encargado del área de Protección Legal de UNICEF, Nicolás Espejo.

Con respecto a los desafíos en materia legal, el especialista señaló que es “imprescindible que la anunciada Reforma Constitucional contemple un reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles la calidad de sujetos autónomos de derechos”. Espejo considera que también “debe instaurarse una nueva institucionalidad para niños, niñas y adolescentes para contar con una Política Nacional de Infancia, una Ley de Garantía de Derechos y la creación de la figura del Defensor de los Derechos del Niño”.

INFANCIA INDÍGENA

UNICEF destaca la incorporación de herramientas de pertinencia cultural en el subsistema de protección social “Chile Crece Contigo”, el cual apoya a embarazadas indígenas atendidas en el servicio público de salud. Estos recursos son las “Guías de Gestación y el Nacimiento”, adaptadas a las culturas Aymara, Mapuche, Huilliche y Rapa Nui, producidas por UNICEF y el Gobierno de Chile. También desctaca la sistematización de indicadores de información sobre infancia indígena, basado en la Encuesta CASEN, entre 1996 y 2011, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF.

Oriana Zanzi, Encargada del Área de Infancia Indígena de UNICEF, cree que este segmento se ha tornado más visible en la sociedad. “La Convención sobre los Derechos del Niño, como primer instrumento de derechos humanos en consagrar los derechos especiales de los niños, niñas y adolescentes indígenas, permitió develar las brechas que afectan su bienestar y desarrollo. Actualmente, hay muchas situaciones de discriminación que los sitúa como un grupo vulnerable en Chile, por lo que se requieren políticas inclusivas y pertinentes culturalmente”, explicó la especialista.

Según la última CASEN, el 29,5% de los niños y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, comparado con el 22.5% de los no indígenas. Por otro lado, el 88.3% de los niños, niñas y adolescentes indígenas no habla ni entiende su lengua. “En este sentido, es relevante incorporar un enfoque intercultural en políticas públicas destinadas a erradicar la discriminación en el acceso a servicios culturalmente apropiados en salud, educación, recreación, protección social, vivienda y justicia juvenil”, aconsejó Zanzi.

El organismo internacional también considera relevante acabar con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las zonas del denominado “conflicto mapuche”. “Se deben adecuar los procedimientos policiales y judiciales en dichos territorios a estándares que consideren los derechos de la infancia”, agregó Zanzi.

PRIMERA INFANCIA

En 2006 comenzó a operar el subsistema de protección social para la primera infancia “Chile Crece Contigo”, el cual apoya el desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años. También se ha fortalecido el cuidado de los recién nacidos mediante la extensión del post natal a 24 semanas, que ofrece la posibilidad de traspasar parte de ese periodo al padre. Esta modificación ha favorecido las relaciones de apego entre el niño o niña y su familia y el aumento de la lactancia materna.

Otro progreso ha sido el aumento de la cobertura en la educación preescolar. Según cifras de la Encuesta Casen 2011, el nivel de transición mayor o kínder tiene una cobertura del 95%. Este avance se suma a la promulgación, en 2013, de una reforma constitucional que estableció la obligatoriedad del kínder y la gratuidad desde el nivel medio menor.

Sin embargo, aún es tarea pendiente apoyar el desarrollo de contextos familiares que garanticen el mejor desarrollo de los niños y niñas, como la paternidad activa, el desarrollo de habilidades parentales, la corresponsabilidad en las tareas domésticas, entre otras. Esto implica generar políticas y programas educativos y de sensibilización que apunten hacia un cambio cultural.

“En primera infancia, es necesario abordar la desigualdad desde el inicio de la vida de los niños. En Chile, el lugar donde un niño o niña nace sigue determinando las oportunidades de desarrollo que tendrá a lo largo de su vida. En ese sentido, se deben potenciar políticas destinadas a generar más igualdad y equidad para los niños y niñas” aseguró Patricia Núñez, Encargada del Área de Primera Infancia de UNICEF.

POLÍTICAS SOCIALES

En Chile, la pobreza ha disminuido sostenidamente durante los últimos 24 años. Lo mismo ocurre en el caso de los niños, niñas y adolescentes, segmento que en 1990 registraba un 50,7% de pobreza, mientras que en 2011 esa cifra bajó hasta el 22,8%. A pesar de este progreso, la prevalencia de la pobreza en infancia y adolescencia es superior a la de la población mayor de 18 años.

Pablo González, Encargado del Área de Políticas Sociales de UNICEF cree que “se requieren programas orientados a la superación de la pobreza que intervengan en la atención de las familias y comunidades. Esta oferta programática debe construirse desde un enfoque de derechos y desarrollarse integradamente entre las instituciones para repercutir positivamente en la vida de los niños, niñas y adolescentes”.

González también considera relevante erradicar el trabajo infantil en Chile. Según cifras de la última Encuesta sobre Trabajo Infantil, EANNA 2012 –elaborada por los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social–, 219 mil niños, niñas y adolescentes realiza trabajo infantil, cifra equivalente al 6,6% del total de menores de 17 años.

“La evidencia muestra que el trabajo infantil obstaculiza la inserción adecuada de los niños y niñas en el sistema escolar, incentivando la deserción. Aquellos que trabajan y estudian a la vez ven afectados otros espacios relevantes de su crecimiento como la recreación, el juego, el descanso y la participación en actividades culturales y artísticas. En suma, se impacta gravemente una serie de derechos asociados de su desarrollo integral”, detalló el experto.

PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE

“En Chile son escasas las instancias de participación adolescente. Es relevante que ellos tengan injerencia en la toma de decisiones para que puedan ejercer sus derechos. Los jóvenes quieren ser ciudadanos activos en el mejoramiento de su calidad de vida, por lo que merecen ser escuchados y considerados en sus escuelas, familias y comunidades”, comentó Julio Dantas, Especialista del Área de Participación Adolescente de UNICEF.

Según la CASEN 2011, en Chile hay 1.118.586 personas entre 14 y 17 años. En la VI Encuesta Nacional de Juventud del INJUV (2010), los jóvenes indicaron que una tarea pendiente es articular mecanismos a nivel nacional que permitan a los niños, niñas y adolescentes participar activamente e influenciar en las decisiones que los afecten.

Si bien UNICEF valora la creación de los Consejos Escolares, el Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y el Consejo Asesor del Servicio Nacional de Menores, es necesario que más instituciones públicas y privadas fomenten la participación adolescente, con el fin de considerar sus opiniones en el desarrollo de planes y programas que satisfagan sus inquietudes y necesidades.