En múltiples ocasiones se ha mencionado la “escasez de suelos disponibles” como la principal causa, que condiciona las factibilidades de proyectos o iniciativas urbanas. En cierta parte este escenario es una realidad y problemática no afrontada hasta el momento. Por largos años se han esperado las aprobaciones de distintos Instrumentos de Planificación, para poder contar con nuevas áreas edificables, que logren descomprimir el crecimiento de la ciudad.

Algunas de las tantas demandas no recogidas son un Área Cívica que evite el arrendamiento de viviendas privadas por parte de distintos servicios estatales hacinados, la incorporación de vivienda social integrada en suelos de alto valor, la búsqueda de explanadas abiertas para actividades masivas, entre otras demandas que no poseen cabida.

Sin lugar a duda la principal herramienta regulatoria es contar con Instrumentos de Planificación adecuados y oportunos, para normar el buen uso del suelo urbano. No obstante, se pueden lograr aportes urbanísticos importantes mediante “Gestiones o Herramientas Administrativas”, consistentes en acuerdos público-privado. Una manera estratégica es fomentar la aplicación de “Permutas de Terrenos” para descomprimir suelo mal utilizado y generar renovaciones urbanas. A su vez, es necesario aumentar la fiscalización de comodatos, optimización de cesiones excesivas a FF.AA destinada como “Eternas Reservas” sin uso alguno, actualización de arriendos, aplicar restitución administrativa de activos y como última opción la figura de expropiación argumentada con fines de alto interés público.

Al respecto, ciudades desarrolladas han entendido que la única manera de garantizar una “Imagen Objetivo de futuro” es la creación de un “Banco de Suelos con fines públicos”, que otorgue dominio sobre los sitios y el poder de decidir sobre ellos para el bien común de la ciudadanía.

Otra alternativa es la creación de Planes Seccionales, que contengan Incentivos Normativos para densificar sectores subutilizados, activar áreas depreciadas, reconvertir el uso industrial en uso habitacional, habilitar suelo para equipamientos públicos donde no existe cobertura y la generación áreas verdes o espacios públicos.

Múltiples agendas urbanas internacionales sugieren apostar los esfuerzos por un “Modelo de ciudad compacta” con una densificación equilibrada y proporcionada entre el área habitacional, los equipamientos y espacios públicos, evitando así un crecimiento por extensión que consuma en exceso un recurso limitado como es el suelo. Más allá de la densidad, este modelo busca como principal objetivo la eficiencia de la ciudad existente, donde la proximidad y acceso a los servicios son el mayor atributo.

Dentro de esta lógica, plantearse la “extensión sur de Iquique” como la gran salvación a todos los problemas es un gran error, más aún cuando nos faltan tantos aspectos funcionales por resolver primero. Un claro ejemplo es el sector “rural” de Bajo Molle, correspondiente sólo al 5,35% de la superficie de la ciudad, posee un tremendo potencial, pero a la vez sufre una importante subutilización de terrenos, conflictos de usos, patrimonio históricos-natural como la Ex Ballenera y Playa Bajo Molle sin destinos claros, esto nos debería hacer reflexionar en cómo utilizar y consolidar los potenciales que tenemos a la mano.

Finalmente, tal vez este tipo de herramientas y gestiones administrativas nos ayuden a evitar que el Estado luego de transcurridos unos años deba comprarse así mismo “terrenos estratégicos”, para dar factibilidades a proyectos emblemáticos como el Hospital de Alto Hospicio o viviendas sociales, cuando siempre los tuvo bajo su poder.