El castigo que recibió el protagonista del ataque al auto presidencial en Iquique

En la audiencia de control de detención, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, formalizó investigación por los delitos de atentado contra la autoridad, daños y amenazas en contra del imputado F.I.H.C., de 28 años de edad, quien fue detenido ayer en Iquique tras quebrar un vidrio de la van que trasladaba al Presidente Sebastián Piñera.

Si bien el fiscal solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario, a lo menos mientras el Presidente se mantenía en la región, el magistrado Diego Reyes resolvió que dicha medida era desproporcionada considerando las bajas penas que la ley establece para los delitos señalados, por lo que acogió la petición subsidiaria de la fiscalía, esto es, arraigo nacional, firma semanal y prohibición de acercarse al Presidente, ministros, subsecretarios, intendente regional y gobernador provincial.

En la audiencia, el fiscal Guerrero –acompañado de la abogada en representación del Ministerio del Interior- explicó que los hechos sucedieron cerca de las 16:30 horas del martes pasado, cuando el Presidente Sebastián Piñera realizaba una visita a la empresa portuaria EPI, en el sector del muelle Prat de Iquique, y al retirarse del lugar abordó una camioneta cerrada tipo van junto al intendente regional Miguel Angel Quezada y el jefe de seguridad presidencial, mayor Patricio Rodríguez.

En esas circunstancias, un grupo de manifestantes se agolpó sobre el vehículo y el imputado se acercó a la ventana donde estaba el Presidente, golpeando con su mano el vidrio respectivo, en un gesto agresivo y amenazante, no logrando romperlo y siendo reducido por funcionarios de seguridad que lo alejaron del lugar.

El fiscal continuó  el relato señalando que el imputado logró soltarse y nuevamente fue hasta la van donde estaban las autoridades, golpeando esta vez el parabrisas trasero, quebrándolo y luego siendo detenido por los funcionarios de seguridad y policías que se encontraban en el lugar.

A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen los delitos de atentado contra la autoridad, daños y amenazas. Si bien el imputado no tiene condenas anteriores, el fiscal jefe solicitó su arresto domiciliario total, argumentando que en este caso se atentó contra la máxima autoridad de la República y no se puede avalar que la solución a los conflictos sea la violencia.

Finalmente el magistrado resolvió decretar el arraigo nacional del imputado, firma semanal y la prohibición de acercarse al Presidente, los ministros, subsecretarios, intendente regional y gobernador provincial.