Tras un mes de juicio oral, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique resolvió hoy por unanimidad condenar a tres detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones como autores del delito de robo con intimidación en contra de dos ciudadanos extranjeros en la comuna de Colchane.

En el veredicto, los magistrados Felipe Ortiz de Zárate, Loreto Jara y Franco Repetto señalaron que la numerosa prueba testimonial, pericial y documental aportada por la Fiscalía y las partes querellantes, permitió acreditar que el 8 de abril del año pasado, cerca de las 19:00 horas, los afectados (un ciudadano boliviano y otro peruano) que se encontraban en el paradero de buses en la ruta A-55, comuna de Colchane, fueron abordados por los detectives Alex Toledo Riveros, Luis Domínguez Pérez y Nicolás Videla Rodríguez, quienes les solicitaron su documentación y les consultaron por el dinero que portaban.

Una vez que los afectados les mostraron el dinero, los acusados les quitaron los US$10.400 que llevaba uno de ellos y los US$3.400 que portaba el otro, es decir, un total de 6 millones 446 mil pesos en efectivo; dinero que los acusados guardaron entre sus pertenencias. Luego de esto, las víctimas fueron subidas a la camioneta que conducían los acusados y llevados hasta un sector despoblado camino a Cariquima, con el consiguiente temor que las víctimas tuvieron por sus vidas. Finalmente, las víctimas fueron bajadas del vehículo en un sector fronterizo, oscuro y deshabitado con el objeto de asegurar el hecho.

El Tribunal explicó en su veredicto, que la participación de los acusados fue confirmada con el reconocimiento preciso y categórico realizado por las víctimas de cada uno de los acusados, y tras una narración que fue plenamente creíble, consistente y concordante con el resto de la prueba. Agregó que las víctimas no sólo reconocieron características físicas de cada uno de ellos, sino también los roles que cada uno cumplía y su ubicación al interior del vehículo policial.

Los magistrados indicaron que los condenados se valieron de su calidad de policías para cometer el hecho, y aprovecharon la condición de irregularidad de los afectados y su marginalidad cultural y económica.

Con respecto a las hipótesis de la defensa de que este hecho nunca ocurrió y que es parte de un plan de una banda de narcotraficantes que estaba siendo investigada por los policías, o que si bien ocurrió, fue cometido por una banda de falsos policías, el Tribunal estimó que ninguna de dichas hipótesis encontró asidero con la prueba presentada en juicio.

El juicio fue llevado adelante por el fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, junto a los abogados querellantes en representación del Consejo de Defensa del Estado, del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y del diputado Hugo Gutiérrez.