Según ha trascendido en los últimos días, el Ejecutivo ha decidido mandar al congreso nacional un proyecto de ley que busca entre otras cosas penalizar las tomas de establecimientos educaciones y las protestas callejeras con condenas de hasta 3 años de presidio. Aunque oficialmente el gobierno chileno, en voz de su ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, buscaba argumentar este proyecto de ley al decir que esta tipificación del delito se encuentra en todas las democracias desarrolladas, es ciertamente el primer paso para la criminalización de la protesta social.

En esto no pretendo discutir con los jurisconsultos sobre la validez jurídica de este proyecto de ley, presentado por el  Gobierno de Piñera, cada vez más acorralado por la opinión pública y enfrentado a un creciente descontento para enfrentar la demanda social de drásticas reformas al modelo neoliberal vigente en Chile. Alzando la bandera de la defensa de las mayorías supuestamente cautivas de los grupos violentos, el oficialismo quiere pasar de agresor a agredido, de ser un claro represor de las demandas sociales a palos y balas a ser una víctima de hordas violentistas que amenazan la democracia.

Hay que recordar que este argumento tan pueril no es nuevo en la Historia de Chile. Primero fueron las leyes de seguridad contra los extranjeros agitadores de los años 10 y 20 del siglo pasado, las cuales buscaron reprimir el cada vez más creciente cuestionamiento del modelo liberal oligárquico. Luego fue la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictada en el segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), surgida tras el miedo del alzamiento militarista y nacionalista. Unos años más tarde, fue la Ley de Defensa de la Democracia (1947), en la cual se presentaba el fantasma del saboteador comunista como enemigo de la democracia, pero fue sólo el precio que pagó el régimen de González Videla para aceptar el alineamiento con los Estados Unidos

Ahora por la necesidad de defender un orden socioeconómico cada vez más cuestionado, como es el Neoliberal, se quiere crear todo un entramado jurídico para proteger el modelo, persiguiendo y criminalizando la legítima protesta social.

Una cosa son los violentistas, muchas veces infiltrados de las fuerzas policiales, que deben ser condenados en derecho, y otra, es la persecución por el derecho de la protesta, válido en cualquier democracia.

Patrico Barrietos

Twitter @PatoBarrientos

Foto: Javier Mardones Flickr CC