La droga iba oculta en el sector de los asientos del segundo piso de un bus y la participación de los imputados se logró luego de que se realizaran diversas diligencias investigativas.

En prisión preventiva quedaron cinco hombres y cuatro mujeres, todos de nacionalidad boliviana, tras ser formalizados por la Fiscalía de Iquique como autores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, luego que fueran detenidos el domingo pasado en la avanzada aduanera del río Loa, transportando casi 53 kilos de cocaína a bordo de un bus.

Ese día, en una revisión habitual de los buses que salen de la región, funcionarios de Aduanas detectaron que los primeros asientos del segundo piso del bus tenían alterados unos tornillos a la altura de los pies, encontrando ocultos en un cubículo 47 paquetes que contenían 52 kilos 990 gramos de cocaína.

A raíz de este hallazgo, la fiscal de turno Kárem Gómez dispuso que personal de Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones realizara diligencias investigativas para determinar quién o quiénes habían escondido ese cargamento, tomando declaraciones y analizando las cámaras de vigilancia del terminal de buses donde se subieron los pasajeros.

Es así como se pudo determinar que los imputados subieron con bolsos hasta el segundo piso del bus, donde habrían escondido la droga, bolsos que fueron marcados posteriormente por el can detector por la presencia de cocaína. Además, el auxiliar del bus manifestó que los imputados tuvieron actitudes sospechosas desde su ingreso, ya que no querían sentarse, haciendo ruidos y permaneciendo de pie para impedir la visibilidad del lugar donde se ocultó la droga.

Luego de la recolección de todas estas pruebas, los imputados reconocieron ante la policía su participación en los hechos.

En la audiencia de control de detención, la fiscalía de Iquique formalizó a los nueve imputados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, solicitando la prisión preventiva de todos ellos por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. La petición fue acogida por el juzgado de garantía, que fijó un plazo de investigación de 120 días.