El presidente del Movimiento Amplitud de Tarapacá y ex director de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Ronel Beto Torres, presentó este lunes una querella criminal por el delito de injurias graves con publicidad, en contra de siete funcionarios de esa repartición pública.

El libelo apunta a la responsabilidad que habrían tenido las dirigentes de Asociación de Funcionarios de la Junji (Ajunji), encabezadas por su presidenta Silvia Silva, así como también la ex periodista del servicio, Pía Rojas Tamborino, y la directora de uno de los jardines, en las acusaciones de acoso laboral y de índole sexual, además de menoscabo y amenazas, que fueron ventiladas el año pasado a través de diversos medios de prensa regional.

Al respecto, el ex director sostuvo que "uno de los errores que cometí fue no haberme defendido en el momento que correspondía, pero era justamente porque pertenecía a la institución, tenía autoridades que me lo impedían y, obviamente, ahora ya tenemos los antecedentes concretos para poder iniciar una acción judicial y no en base a supuestos".

Ronel Torres afirmó que la situación lo ha afectado bastante. "Tú debes comprender que tu esposa abra los diarios y lea que su esposo está acusado de acoso sexual yo creo que no es bueno para nadie. Me ha afectado en lo anímico, en lo profesional, mi entorno, pero yo creo que hoy, ya pasado todo este tiempo, creo que estoy mejor y estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias".

El abogado de Torres, el ex tuitero influyente Marcelo Brunet, explicó que "los hechos son constitutivos de delito y, por lo tanto, le hemos pedido al tribunal de garantía que se pronuncie respecto de si, como nosotros lo consideramos, es una acción delictiva o, caso contrario, que se pronuncien respecto de la veracidad de lo que  nosotros hemos señalado".

"Tenemos la tranquilidad de saber que hay un sumario efectuado por la propia institución, por la Junji, que ha determinado que los hechos que le imputaban a Beto son todos absolutamente descartados, de que no existe ninguna veracidad en los hechos, y que finalmente todos ellos adolecen de falsedad. Eso nos ha motivado a hacer esta presentación ante el tribunal y esperando un pronunciamiento de la justicia respecto del tema", explicó el abogado.

Consultado sobre si el sumario que se realiza en la Dirección Nacional de la Junji estaba concluido, el Marcelo Brunet sostuvo que "existen investigaciones pendientes, está en pleno proceso de desarrollo. Sin embargo, respecto de los hechos imputados, particularmente sobre estas materias, no existe ninguna veracidad y han sido por completo descartados. Respecto de eso el sumariante ya se pronunció: esta materia es una materia que ya está resuelta, sobre la cual no existe ninguna posibilidad de revertirse".

La querella pide tres años de reclusión menor en su grado medio, más una multa de 20 unidades tributarias mensuales.

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