El alcalde de Pozo Almonte, José Fernando Muñoz, presentó el pasado lunes sus argumentos de defensa ante el Tribunal Electoral Regional (TER), luego que los concejales Mario Callasaya (PS) y Germán Choque (RN) lo acusaran de notable abandono de deberes.

“Esta contestación la realizamos ya que queremos demostrar que existe una gestión  transparente, que no tenemos nada que ocultar en nuestro trabajo, porque todo lo realizamos de buena fe. Existen algunas situaciones que nos han indicado que tienen alguna falla, la que hemos resuelto de la manera más inmediata, para continuar con nuestra gestión", dijo Muñoz al salir de las dependencias del TER.

La respuesta, patrocinada por el abogado Baltazar Morales Espinoza, expresa en el punto uno –sobre los funcionarios a contrata que prestan servicio a honorarios en  otras reparticiones–  que no existe incompatibilidad en “el ejercicio de las funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera de la jornada ordinaria de trabajo”.

Respecto del punto dos, en donde se le acusaba contratar a funcionarios a honorarios que jamás prestaron servicios,  esta acusación sería falsa, puesto que todos los funcionarios a honorarios debían presentar un certificado por la ejecución de labores, actividad que era respaldad por el secretario municipal,  a través de su firma.

Dentro de los ocho puntos de la acusación, los concejales también dijeron que se les obstruía su labor fiscalizadora, pese a que no existe ninguna solicitud de información por parte de los denunciantes, ya sea a los estamentos de la municipalidad o por peticiones vía ley de transparencia.

Incompatibilidad hijas de concejala

Otra de las acusaciones en conta de Muñoz se refiere a la incompatibilidad de ciertos funcionarios para ejercer cargos debido a los lazos familiares existentes, de los cuales sólo se comprobó que existía incompatibilidad en el caso de las hijas de la concejala María Isabel Palma, lo que resultó en la desvinculación de ellas.

Desde la municipalidad señalaron que ambas parientes de la edil trabajaron con antelación (año 2012) en el municipio de Pozo Almonte, pero en el 2013 se les efectuó un cambio en el contrato y sus funciones, lo que las dejó como una nueva incorporación, lo que establecía la inhabilidad para ostentar esos cargos –aún a modo de honorarios-, según lo establecido en el artículo 54 b) de la ley de bases de la Administración del Estado.

El alcalde de Pozo Almonte finalizó su participación en el TER recordando su irreprochable conducta anterior. “Llevo más de 20 años de servicio público –hoy como alcalde y antes como funcionario público propiamente tal- y nunca, he sido objeto de medidas  disciplinarias, con lo cual mi conducta funcionaria ha sido y es irreprochable”.