El 6 de diciembre de 2006, en su primer período al mando del país, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional en materia de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política.

En su mensaje al parlamento para ese proyecto, el gobierno argumentó su propuesta de modificación señalando que "la mayoría de las normas sobre conflictos de intereses de los parlamentarios que la Constitución regula, parten de la base que éste sólo puede darse frente al Estado, y no frente a los particulares, no obstante que hoy día el peso de la empresa privada es considerable en la realidad económica del país".

La reforma que Bachelet proponía en ese mensaje presidencial al Congreso buscaba ampliar los alcances del Artículo 60, cuyos incisos dan cuenta de las situaciones en que los parlamentarios pueden cesar en sus cargos, debido a conductas irregulares o indebidas.

En el trámite legislativo, las modificaciones fueron aprobadas en la Cámara por 91 votos a favor -sin ninguna abstención ni rechazo de los parlamentarios asistentes-, más la posterior ratificación por parte del Senado.

Luego de ese proceso, la reforma constitucional del Artículo 60 fue promulgada por Michelle Bachelet, el 4 de enero de 2010.

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El pasado miércoles, en medio de las repercusiones del caso Caval, la Presidenta solicitó a su Comité Político crear un marco jurídico, un paquete de proyectos "como Chile no ha conocido" -según señaló el Ministro Elizalde-, para normar la relación entre la política y los negocios.

A partir de ese día, en El Boyaldía nos dimos a la búsqueda de las normas que regulan el accionar de los funcionarios y parlamentarios en materia de probidad, partiendo por la Constitución Política de la República de Chile.

En esa búsqueda fue que encontramos las consideraciones del Artículo 60, en tanto que los reportes de prensa nos recordaban que, tan solo tres meses después de promulgadas las reformas al Artículo 60, aparecía el caso de un parlamentario que era afectado por sus disposiciones: el senador UDI Jaime Orpis.

EL MOSTRADOR

Comenzando el año 2008, el día 2 de enero, el parlamentario por Tarapacá firmó un contrato con el Fondo Nacional de Salud, FONASA, en su calidad de representante de su propia fundación, conocida como Casa de la Esperanza. A partir de ese acto, la organización liderada por Orpis recibiría 50 millones de pesos para financiar el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de drogas.

Era una iniciativa loable... pero la firma del contrato tenía un detalle: el Artículo 60 de la Constitución señala que "Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado". Sin dobles lecturas, la carta fundamental prohibía lo que Orpis había hecho.

La situación fue revelada en abril de 2010 por la prensa nacional, oportunidad en la cual el senador explicó que -cuando se dio cuenta, un año después de la firma del contrato- había hecho una modificación estatutaria en su fundación para que una dirección ejecutiva asumiera los poderes de representación.

La Estrela de Arica

Los diputados fiscalizadores de la región al momento de hacerse conocido este caso eran Marta Isasi y Hugo Gutiérrez, quienes nada dijeron al respecto. Orpis salvaba la situación...

Artículo conocido

El contrato de Orpis con FONASA se firmó cuando eran diputados Marta Isasi (PAR) y Fulvio Rossi (PS), pero durante los dos años que corrieron hasta que se hizo pública la irregularidad no hay registros de que alguno de los dos pidiera que el senador fuese sometido a lo indicado por la Constitución: el cese de sus funciones.

Ninguno de los dos, tampoco, podría haber argumentado desconocimiento del Artículo 60, pues ambos participaron en la modificación constitucional que la Presidenta Bachelet había enviado el 6 de diciembre de 2006, fecha en que los dos parlamentarios llevaban un año representando a Tarapacá (Rossi en segundo período), tras las elecciones de diciembre de 2005.

De hecho, en el acta de la Cámara de Diputados del 4 de noviembre de 2009, ambos aparecen en el listado de 91 parlamentarios que aprobaron la reforma del Artículo 60.

Así las cosas, se puede señalar con propiedad que los parlamentarios conocían perfectamente la norma. Y , como suele decirse en el ámbito del derecho, una vez publicada una ley en el Diario Oficial "se presume conocida por todos" y, sobre todo, por quienes las crean: los miembros del Congreso.

Los Contratos de Rossi

El 4 de noviembre de 2013, la entonces Intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI), firmó junto al entonces senador de oposición Fulvio Rossi un contrato de transferencia de recursos por $18 millones, los que serían destinados a Casa Abierta, la Corporación de Desarrollo Social y Cultural presidida por el parlamentario.

Rossi firmaba en su calidad de representante legal y los recursos -provenientes de una partida destinada a Seguridad Ciudadana que había aprobado el Consejo Regional en septiembre de ese año- darían vida al proyecto de "Asistencia sicosocial personalizada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de Alto Hospicio".

Según consigna la Resolución Exenta 862, del 30 de noviembre de 2013, el ejecutor del proyecto sería una persona identificada como Roberto Estay Sánchez... el actual jefe de gabinete de Rossi.

Convenientemente, el millonario contrato de transferencia se firmaba sin que la Contraloría General de la República tuviese conocimiento, pues se utilizó para esos efectos la Resolución 1600, del año 2008, que permite la exención del trámite ante el órgano contralor.

Consultada sobre esta situación el pasado miércoles, la ex intendenta Ebensperger señaló a El Boyaldía que el contrato "no es con un senador o un diputado. Es con una fundación o corporación, que es una persona distinta a una persona natural". No obstante, la Constitución también es clara en este sentido: "la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte".

"Desde el punto de vista jurídico, desconozco que el senador Rossi sea su representante legal. Sé, porque es de público conocimiento, no es cierto, que es una corporación que él formó. Ignoro quién es el representante legal. Pero, vuelvo a decir, desde el punto de vista legal, a priori, sin estudiar el tema, no es cierto, yo creo que la inhabilidad es con la institución y acá es una persona jurídica que es distinta a la persona natural del senador", sostuvo la ex intendenta.

Respecto de si se realizó un estudio legal que avalara la entrega de los 18 millones de pesos, Luz Ebensperger señaló que "no recuerdo haberlo objetado o pedido que se realizara alguna investigación. No recuerdo haberlo pedido".

Prevención del Delito

Tal vez la misma vista gorda se aplicó en octubre del año pasado, cuando la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente del Ministerio del Interior, adjudicó más de $3.626 millones de pesos a 100 organizaciones que presentaron proyectos al Fondo Nacional de Seguridad Pública.

A este fondo pueden participar municipalidades, corporaciones municipales, agrupaciones comunitarias y organizaciones privadas sin fines de lucro, con proyectos destinados a reducir la victimización y la percepción de temor.

De la Región de Tarapacá, que tiene a su capital Iquique con la tasa de victimización más alta del país, el único proyecto que resultó ganador fue el identificado como FNSP14-AVIF-20, que recibió $43.757.853 desde la subsecretaría, para una iniciativa destinada a la ciudad de Alto Hospicio. ¿El receptor? La corporación Casa Abierta.

Erráticos cambios en el directorio

La semana pasada, El Boyaldía dio a conocer la conformación del directorio y los socios que pertenecían a la Corporación Casa Abierta, donde figuraban parientes del senador y actuales funcionarios del gobierno de Tarapacá. Allí se señalaba que el Secretario Ejecutivo era el periodista Fernando Donoso Astete, quien en el pasado cumplió funciones como asesor legislativo del parlamentario.

Sin embargo, durante la misma jornada de la publicación el directorio y los socios fueron borrados de la web y ahora se informaba que Donoso no solo era el Secretario Ejecutivo, sino que también el representante legal.

Una vez que advertimos de estos erráticos cambios por la cuenta de Twitter de El Boyaldía, la información del directorio y los socios volvería a aparecer.

No obstante, finalmente la página web sería bajada por completo de internet y hoy se observa un mensaje que señala que el sitio de la Corporación Casa Abierta no está disponible y que "Los autores han borrado el sitio". Así se mantendría al menos hasta este lunes...

Ley pareja... caiga quien caiga

Lo que no se ha borrado es el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile. Allí se señala que "Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado". Además, la carta fundamental indica que "la inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte".

Según la misma Constitución, los llamados a solicitar el cese no son los ciudadanos, ni los jueces, ni un profesional del derecho cualquiera, sino que la propia Presidenta de la República o a lo menos 10 parlamentarios en ejercicio.

Es una idea que ya recibe fuertes críticas, al igual que el acuerdo al que estarían llegando los partidos para resolver la crisis, pero tras el derrotero que han tomado los escándalos de PENTA, SQM y CAVAL, la Presidenta Bachelet ordenó la semana pasada crear un marco que regule las actuaciones entre la política y los negocios.

El Comité Político -encomendado por Bachelet para esta tarea - bien haría en partir revisando lo que ya hay en la legislación chilena y en aplicarla, evitando convenientes "vistas gordas" que, por lo visto, se dan hasta con la Constitución, en un claro incumplimiento de deberes transversal.

Nuestros parlamentarios, en tanto, bien harían en cumplir la ley, en vez de relativizar las irregularidades y ajusticiar a su rival de turno con los 140 caracteres de Twitter.

Porque la ley pareja no es dura... caiga quien caiga.