El lunes de la semana pasada informamos de la suspensión de la causa que seguían la Fiscalía de Iquique y el Consejo de Defensa del Estado en contra de funcionarios del Municipio de Alto Hospicio y de una de las hijas del alcalde Ramón Galleguillos, quienes fueron acusados de obtener viviendas sociales mediante fraude al sistema de subisidios habitacionales.

En la oportunidad, el Juzgado de Garantía de Iquique determinó aprobar la propuesta de salida alternativa, la cual aceptaba la devolución de poco más de 8 millones de pesos por cada uno de los acusados, como parte de un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento sugerido por la propia Fiscalía.

En la audiencia del pasado lunes, la abogado del Consejo de Defensa del Estado, Ana María Pino, planteó al tribunal "la restitución de los inmuebles que fueron obtenidos mediante la falsedad de estos instrumentos, en virtud de los cuales se obtuvo el puntaje que los hizo merecedores para optar al beneficio".

Sin embargo, la defensa de los acusados rebatió este argumentó señalando que con el pago de los ocho millones se cumplía con el objetivo de la querella -la devolución del subsidio-, posición que fue aceptada por el juez y también por la Fiscalía.

Así, el Juzgado de Garantía procedió con la suspensión y daba término a una causa que se extendió por más de dos años.

Decisiones del pasado

La obligación de ocupar la vivienda y la prohibición de arrendarla están especificados, desde diciembre de 2010, en el Decreto Supremo 174 y en el posterior DS 49 que lo sucedió. En el caso de los acusados en Tarapacá, los contratos también incluían esas prohibiciones.

Por lo anterior y debido a que se trataba de adulteraciones a las fichas de protección social, cuando se conoció la denuncia en 2012 a través del reportaje de Canal 13, el entonces Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, envió al municipio de Alto Hospicio a dos funcionarios para que revisaran la documentación de las fichas. Esto fue confirmado en julio de 2012 por el entonces Seremi de Desarrollo Social, el actual diputado Renzo Trisotti.

En marzo de 2013, el Ministerio de Vivienda informó que había iniciado 74 procesos judiciales, en contra de 239 personas de nueve regiones del país, pero no informó nada sobre causas en Tarapacá. Ese mismo mes, el ministerio inició el proceso de restitución de 80 casas con subsidios -en otras ciudades de Chile- que estaban siendo arrendadas u ocupadas por personas que no eran las beneficiarias, utilizadas para fines comerciales o, simplemente, deshabitadas. Y hasta el pasado lunes, al menos, esa había sido la política del ministerio.

La "Caída" de la Ministra Saball

A raíz de esos antecedentes, El Boyaldía quiso consultar a la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, sobre la forma en que concluyó el proceso en Tarapacá, aprovechando su presencia en el inicio de la reconstrucción de la población Las Dunas I y cuando quedaban 24 horas para que venciera el plazo para apelar.

La siguiente fue la declaración que pudimos obtener el pasado viernes, en medio del nerviosismo de sus asesores (que intentaron evitar esta entrevista, hay que decirlo) y de las autoridades que la rodeaban:

- Ministra, esta semana (el pasado lunes) terminó un caso por fraude de subsidios habitacionales que involucraba a funcionarios de Alto Hospicio... ¿Por qué el ministerio no se hizo parte en la querella y por qué se aceptó el acuerdo de devolver los dineros y no devolver las casas?

- Creo que usted está equivocado. La verdad es que este es un proceso que está en trámite en la justicia y, una vez que tengamos el resultado de los tribunales, por supuesto que el Serviu evaluará las acciones que tiene que seguir.

- Concluyó el lunes, ministra...

- Bueno, por eso estamos esperando los resultados. Este es un trámite que está en la justicia y nosotros acostumbramos a no interferir en los procesos que están en manos de la justicia. 

- Ahora, la política del ministerio siempre ha sido que se devuelvan las casas, ministra...

- Pero, señor, -aquí la ministra ya evidenció su molestia por las consultas- le estoy contestando con bastante claridad que terminado el proceso judicial el Serviu evaluará las acciones que tiene que seguir.

- Gracias, ministra...

Plazos para Acciones

Y tal como dijo la ministra Saball, la semana pasada ninguna institución del Estado intervino frente a la decisión que la justicia había tomado el lunes. Tanto no intervino, que el Minvu -a través del Consejo de Defensa del Estado- perdió la opción de apelar a la suspensión condicional de la causa y de recuperar las casas.

El sábado, plazo fatal para interponer ese recurso, solo apareció por el Juzgado de Garantía de Iquique el abogado querellante Matías Ramírez, quien pidió que la Corte de Apelaciones de Iquique revoque la suspensión condicional del procedimiento, debido a que el juez no se pronunció por los otros delitos de la querella: falsificación de instrumento público, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Según señalaron desde la oficina de los abogados querellantes, junto con la apelación realizarán una denuncia a la Fiscalía Nacional por el trato preferente que tuvieron los imputados por parte de la fiscal de Alto Hospicio. Además, pedirán al comité civil del Consejo de Defensa del Estado que inicie acciones para restituir los inmuebles -tal como ocurrió con el caso del alcalde de Hualpén- y denunciarán a la abogada del CDE por no apelar dentro del plazo en una causa de interés para el fisco de Chile.

Esto tiene para largo... cuando aún hay personas en Alto Hospicio que no recuperan sus casas tras los terremotos del año pasado.