La reforma educacional atraviesa duros momentos. Empantanada en la indefinición de la política, los anhelos de transformación del sistema educacional hoy chocan con la incertidumbre. El empujar una educación que sea garantizada como derecho, desmercantilizada y pública, implica muchos intereses que romper y el Gobierno no estaría dispuesto a hacerlo. Prefiere la sordera intencional con los planteamientos del movimiento social y como queda demostrado por el caso de la Rectora Pey, someter con autoritarismo las ideas críticas, para seguir lealmente la ortodoxia del mercado. Al menos así lo expresa en la reforma presentada, donde el énfasis está puesto en regular el mercado, más que en hacerlo retroceder.

Uno de los elementos que ha forjado el carácter del conflicto educacional,  es que la educación debe ser un derecho, por lo tanto, la desmercantilización del sistema educativo cobra relevancia. Ante eso, la reforma a la educación superior debe fortalecer la Educación Pública. Esto no radica en un reduccionismo economicista de platas más o platas menos a la demanda, como lo fue la beca de gratuidad, sino que en reconstruir y fortalecer la educación pública como un sistema nacional de desarrollo y la construcción de un espacio futuro donde materializar el derecho a la educación, donde elementos como el lucro no tienen cabida. Históricamente la educación pública, no sólo la estatal, ha estado de la mano de la construcción del país, teniendo un rol ineludible en la expansión de la cultura, las artes y las ciencias y, además en la dinamización de la sociedad, permitiendo el encuentro de las y los chilenos sin discriminación. Donde hay derechos no existe el mercado. El mercado discrimina, los derechos no.

La educación se ha transformado en un manantial de recursos públicos para poderosos grupos vinculados a la Nueva Mayoría y a la oposición. El argumento de que la expansión de la matrícula privada es necesaria para la provisión de educación a franjas sociales que no hubiesen podido acceder a ella, obvia de manera intencionada, que dicha condición solo fue posible en base al desmantelamiento de la educación pública y de su concepción como derecho, tras el establecimiento forzado de los principios subsidiarios del carácter del estado. Por otro lado, omite que el mercado ha constituido su crecimiento en un sistema altamente segregado, carente de calidad y reproductor de la desigualdad social. Esto en Tarapacá ha generado una Educación muy limitada en sus posibilidades; Una educación subordinada a intereses empresariales rentistas y extractivistas, obligada a su mercantilización, una educación privada y precaria, en donde en Tarapacá aún están abiertas las heridas de la Universidad del Mar y los casos de la Carrera de Perito Forense de la Universidad Santo Tomás y las sufridas acreditaciones de la UNAP. En todos los casos, una educación que condiciona el desarrollo regional de manera negativa.

Para enfrentar lo anterior, se debe establecer un sistema educativo público macizo, que se expanda de manera organizada, a través de una matrícula estatal que oriente la acción del sistema educacional regional, donde este comprenda que la autonomía universitaria debe estar fundamentada en la democracia interna y que en Tarapacá se exprese como eje articulador de la producción del conocimiento, bajo la apropiación no sólo discursiva, sino que material del concepto de complejidad en las instituciones, es decir, con una orientación definida en cuanto a docencia, investigación y extensión de estas.

Las malas noticias han sido el tenor de la educación en Tarapacá. No habrá un repunte de la educación regional, mientras siga la educación en Chile determinada por el mercado y no se constituyan alianzas sociales que se la disputen a los intereses de las elites. El carácter descentralizador de la educación, se expresa en la posibilidad de que la reforma se constituya teniendo como centralidad el fortalecimiento de la educación pública, entendiendo en ello la de Regiones, incorporando  en la constitución de su orientación, un diálogo abierto con la sociedad en la cual la reforma se materializa, bajo el control democrático del sistema educativo y de las instituciones que lo constituyen.

Lo anterior es una orientación que al menos ha logrado aceptación en los actores sociales regionales y en su tenor radical abraza un sentido consenso de manera particular. No obstante, es que estas intenciones se deben proyectar como un interés social común de la sociedad de Tarapacá, que logre en la fase legislativa de la reforma interpelar claramente a la política respecto al camino que debe empujar la orientación de la reforma, abriendo una vía sobre la que se cimienta una nueva comprensión de la educación y un actor social capaz de modelar con sus intereses lo plasmado en el proceso legislativo. Ya que tras 10 años de luchas educacionales, el que la reforma fracase, sería parte de un fracaso de la sociedad que la empuja.

Rodrigo Oliva Vicentelo, Presidente FEUNAP 2009 - Presidente Fundación Praxis

Cristian Romero Capetillo, Presidente FEUNAP 2015 - Director Fundación Praxis