Mediante un comunicado, los jueces reconocen las violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado y la responsabilidad de los tribunales. "El Poder Judicial y en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", reza parte de la carta. 

Además dejan en claro que el rol del Poder Judicial pudo haber sido mayor en las acciones que se llevaron a cabo en Chile, ya que fue la única institución que no tuvo intervención alguna de la junta militar. Desde la Asociación Nacional de Magistrados también llaman a la Corte Suprema actual a reflexionar sobre sus actos durante la dictadura.

Por último, los magistrados también recordaron, sin nombrarlo, al ministro Enrique Urrutia, presidente del Tribunal Supremo en 1975, quien negaba la existencia de torturas y "expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo" que perturbaban la administración de la justicia.