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Chile necesita una política minera para el siglo XXI

24 Julio 2011

Debemos sentar las bases para una Política de Estado para la Minería de largo plazo, para recaudar más recursos para políticas sociales.

Isabel Allende Bussi >
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En estos días, cuando celebramos los 40 años de la nacionalización del cobre, realizada el 11 de julio de 1971 por el Presidente Salvador Allende, y cuando la calle nos exige respuestas claras frente a los problemas del país y propuestas de futuro, es necesario que consideremos nuestro principal recurso, el cobre, y el rol que debe jugar Codelco en una estrategia de desarrollo sustentable.

Hoy nadie podría discutir los beneficios que la cuprífera estatal ha significado para el desarrollo de Chile, que desde ese hito histórico, ha entregado más de US$ 83.000 millones, y que sólo en la última década ha ingresado al fisco más de US$ 42.000 millones.

Es por ello que debemos sentar las bases para una Política de Estado para la Minería de largo plazo, para recaudar más recursos para políticas sociales.

Asimismo, nos corresponde aprobar el convenio 176 de la OIT, proteger nuestros recursos no renovables y los recursos estratégicos, y en un futuro no muy lejano se pueda aplicar un verdadero Royalty para la gran minería del cobre, el oro, el litio y el molibdeno, y que puede expresarse en un 10% a las ventas sobre los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos y las chilenas. De ellos, un 2% debiesen ser destinados a nuestras regiones mineras, que entregan importantes riquezas y sólo reciben pasivos ambientales.

Requerimos que desde la minería nos hagamos cargo de la sustentabilidad ambiental y los pasivos que implican sus labores; el cómo resolvemos el uso y tipo de energía que requieren las mineras, apostando por las energías renovables; que se apoye decididamente a la pequeña y a la mediana minería, especialmente en los temas laborales y de seguridad para sus trabajadores, y las consecuencias que implica trabajar en altura.

También debemos promover la creación de bienes públicos a través de Investigación y Desarrollo (I+D), y articular a la minería con los otros sectores de la economía.

Preparar a nuestras regiones para los cambios que implican las nuevas inversiones, tanto a nivel de los impactos positivos como negativos es prioritario.

Además, es fundamental crear instancias permanentes de diálogo entre todos los actores para promover un mayor y mejor desarrollo de la industria nacional minera, pensando siempre en las nuevas generaciones.

Chile no debe continuar con las concesiones mineras en los términos que lo ha hecho hasta hoy, y así no perderíamos considerables recursos que pueden estar orientados al desarrollo sustentable y equitativo, resolviendo por esta vía las enormes desigualdades sociales existentes. También podríamos mejorar nuestro capital humano, y favorecer la innovación necesaria para continuar creciendo y mejorar nuestros niveles de competitividad en el mercado mundial.

Es hora que trabajemos por un gran acuerdo país, con una amplia discusión, incorporando a todos los actores en torno a la participación activa del Estado en la explotación de nuestros recursos minerales y recuperar para Chile lo que el cobre entrega.

Este acuerdo debe estar basado en la incorporación del Estado en todas las nuevas actividades extractivas mineras, incorporando todas las perspectivas en el debate, desde la re-nacionalización hasta joints ventures. El cobre es un recurso estratégico para transformar el Capital Minero en Capital Social y combatir las desigualdades que nos afligen.

El Presidente Allende en 1971 nos dejó una reflexión que hoy está plenamente vigente, pensando justamente en lo que tenemos que enfrentar para este nuevo siglo que estamos iniciando: “Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria”.

 

Foto:www.flickr.com/photos/machimon2006

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