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Chile necesita una política minera para el siglo XXI
Debemos sentar las bases para una Política de Estado para la Minería de largo plazo, para recaudar más recursos para políticas sociales.
Isabel Allende Bussi >
authenticated userEn estos días, cuando celebramos los 40
años de la nacionalización del cobre, realizada el 11 de julio de 1971
por el Presidente Salvador Allende, y cuando la calle nos exige
respuestas claras frente a los problemas del país y propuestas de
futuro, es necesario que consideremos nuestro principal recurso, el
cobre, y el rol que debe jugar Codelco en una estrategia de desarrollo
sustentable.
Hoy nadie podría discutir los beneficios que la
cuprífera estatal ha significado para el desarrollo de Chile, que desde
ese hito histórico, ha entregado más de US$ 83.000 millones, y que sólo
en la última década ha ingresado al fisco más de US$ 42.000 millones.
Es
por ello que debemos sentar las bases para una Política de Estado para
la Minería de largo plazo, para recaudar más recursos para políticas
sociales.
Asimismo, nos corresponde aprobar el convenio 176 de la
OIT, proteger nuestros recursos no renovables y los recursos
estratégicos, y en un futuro no muy lejano se pueda aplicar un verdadero
Royalty para la gran minería del cobre, el oro, el litio y el
molibdeno, y que puede expresarse en un 10% a las ventas sobre los
recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos y las
chilenas. De ellos, un 2% debiesen ser destinados a nuestras regiones
mineras, que entregan importantes riquezas y sólo reciben pasivos
ambientales.
Requerimos que desde la minería nos hagamos
cargo de la sustentabilidad ambiental y los pasivos que implican sus
labores; el cómo resolvemos el uso y tipo de energía que requieren las
mineras, apostando por las energías renovables; que se apoye
decididamente a la pequeña y a la mediana minería, especialmente en los
temas laborales y de seguridad para sus trabajadores, y las
consecuencias que implica trabajar en altura.
También
debemos promover la creación de bienes públicos a través de
Investigación y Desarrollo (I+D), y articular a la minería con los otros
sectores de la economía.
Preparar a nuestras regiones para los
cambios que implican las nuevas inversiones, tanto a nivel de los
impactos positivos como negativos es prioritario.
Además, es
fundamental crear instancias permanentes de diálogo entre todos los
actores para promover un mayor y mejor desarrollo de la industria
nacional minera, pensando siempre en las nuevas generaciones.
Chile
no debe continuar con las concesiones mineras en los términos que lo ha
hecho hasta hoy, y así no perderíamos considerables recursos que pueden
estar orientados al desarrollo sustentable y equitativo, resolviendo
por esta vía las enormes desigualdades sociales existentes. También
podríamos mejorar nuestro capital humano, y favorecer la innovación
necesaria para continuar creciendo y mejorar nuestros niveles de
competitividad en el mercado mundial.
Es hora que trabajemos por
un gran acuerdo país, con una amplia discusión, incorporando a todos los
actores en torno a la participación activa del Estado en la explotación
de nuestros recursos minerales y recuperar para Chile lo que el cobre
entrega.
Este acuerdo debe estar basado en la
incorporación del Estado en todas las nuevas actividades extractivas
mineras, incorporando todas las perspectivas en el debate, desde la
re-nacionalización hasta joints ventures. El cobre es un
recurso estratégico para transformar el Capital Minero en Capital Social
y combatir las desigualdades que nos afligen.
El Presidente
Allende en 1971 nos dejó una reflexión que hoy está plenamente vigente,
pensando justamente en lo que tenemos que enfrentar para este nuevo
siglo que estamos iniciando: “Lo que se haga en el cobre dependerá
de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra
entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el
progreso de la patria”.