Luego que el concejal Robert Araya interpusiera una querella en contra de la alcaldesa de Antofagasta, Marcela Hernando y de la secretaria ejecutiva de la Corporación Cultural municipal, Carla Corrales, por una serie de delitos –entre ellos fraude al fisco- la municipalidad reaccionó y contrapresentó una querella por denuncia calumniosa en grado de consumado y por presentación de pruebas falsas en juicio, perjurio y obstrucción a la investigación en grado de tentado, fundado en que todos los antecedentes dados a conocer por el “niño símbolo” de la UDI serían falsos y no constitutivos de delito.
El director de Asesoría Jurídica del municipio, José Vargas, indicó que la querella que presentó el 28 de julio el concejal se basa en cuatro hechos que “con la documentación recabada se acredita su total falsedad o irrelevancia penal, sin que lo denunciado por Araya Alquinta sea constitutivo de delito”. Así de tajante.
Según Vargas, el concierto de Deep Purple, en donde se cancelaron por su realización $ 40 y $ 79 millones a la productora del evento, la firma Producciones Artísticas Jorge Espinoza, se ejecutó exenta de IVA, como estaba establecido, y no por montos superiores, como lo denuncio el concejal. O sea no habría dinero perdido.
A ello se agrega “la irrelevancia”, dice Vargas, de unas presuntas cancelaciones de empresas privadas para el evento artístico que no se concretaron, lo que demuestra que “no hay nada” que rendir en presuntos fondos extraviados, pues asevera nunca fueron derivados a las arcas municipales.
A su vez, el supuesto pago irregular de 19 profesores de la escuela de música del Teatro Municipal de la ciudad, señala Vargas se realizó ajustado a la labor que ellos desempeñan y no por un trabajo no realizado. Todo ello dice está acreditado, situación por lo que señaló el concejal arriesga en caso de que la Fiscalía Local –encargada de investigar ambas acciones- deseche los antecedentes de Araya y confirme los municipales, una pena de 5 años y un día de presidio. ¿Qué tal?
Hernando por calumnias
Del mismo modo, en caso de que se acredite que los antecedentes son falsos, “la alcaldesa Marcela Hernando como persona natural tiene derecho a presentar una querella por injurias graves con publicidad y calumnias. Eso se va a presentar y también una demanda por indemnización de perjuicios”, indicó el asesor, con lo que se persigue una sanción penal y también monetaria por los dichos de Araya.
Pese a que la situación es compleja para el abogado Araya, éste decidió hablar y no se quedó con menos, pues mantuvo sus dichos de que se cometió fraude al fisco y agregó que “se quiere levantar una cortina de humo para tapar lo que es evidente. Interponer una querella cuando ni siquiera se ha realizado la investigación es claramente un medida desesperada que lo que pretende es tratar de enredar la investigación. Tengo la convicción de que los tribunales de Justicia van a obtener la verdad y condenarán a los responsables”.
El concejal aseveró que incluso tiene un nuevo antecedente que da cuenta que la Dirección de Control del municipio rechazó la rendición de la factura de una de los montos a cancelar por el concierto, debido a que no había sido timbrada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que carecía de validez tributaria. Con ello dice se solicita se emita nuevamente la factura, lo que dice Vargas se habría hecho, sin que ello implique fraude fiscal.