Educación: Un Derecho que Todos Debemos Defender

Parece ya no sorprender a la opinión pública las protestas y manifestaciones de los estudiantes tanto universitarios como secundarios. Nuestra educación está en una evidente crisis, lo que no tiene nada de nuevo. Es clásico que, llegado el momento de las elecciones, los candidatos utilicen distintos discursos con los que tratan de seducir a la masa electoral. Todos los políticos han señalado que la educación en nuestro país es la verdadera fuente de la desigualdad y que mientras no se arregle este sistema, hablar de progreso no es más que una ilusión.
Todos lo han dicho con mayor o menor énfasis aunque establecer que partido político ha recalcado más es difícil determinarlo, pero han utilizado, precisamente, durante las campañas una serie de imágenes con el objeto de que este problema no se le olvide a nadie, en estos periodos en que corresponde pronunciarse a la sociedad respecto del desempeño de nuestros distintos representantes en el aparato gubernamental surge la idea de arreglar el sistema educacional de una vez por todas. ¿Podríamos ponerlo en duda, si todos ellos estaban de acuerdo? Pero no ha sido así. El entusiasmo por la mejora educacional de que se hace gala al momento de tener que seducir la voluntad del electorado se apaga inmediatamente, por encanto, una vez que han obtenido lo que pretendían: Llegar al poder.
En el año 2006 tuvieron que llegar esos miles de jóvenes que gritaron y llenaron las paredes con faltas deliberadas de ortografía, para recordarnos lo que es tan obvio: que es necesario modificar el sistema escolar y universitario. Tenían y tienen toda la razón.
Instalado en el Gobierno militar, este sistema se caracteriza porque el subsidio no se entrega a las familias, sino a los sostenedores de los colegios quienes así tienen incentivos para atraer estudiantes. La creencia en ese entonces fue que, familias informadas escogerían escuelas exitosas y que las de mal desempeño quedarían rezagadas. La competencia proveería una mejor educación. Las antiguas escuelas públicas fueron reemplazadas por escuelas subvencionadas o por escuelas municipalizadas. Hoy el sistema sigue mostrando falencias y el futuro de nuestra educación está en una situación más que preocupante. Las escuelas municipalizadas no internalizaron los costos de un rendimiento pobre, la segregación social, que agrupa a estudiantes de pocos recursos con sus pares así como los de mayor recursos se vinculan entre sí, se incrementó, generando malos resultados; el financiamiento compartido hizo más fuerte la ya onerosa carga de los grupos familiares; la formación de profesores es una materia que históricamente se ha descuidado de manera grave.
Así, en este orden de cosas, surgió lo que se conoció como la “Revolución Pingüina” que tanta sensibilidad causó en el país, fue durante el año 2006 y como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles se abrió finalmente un debate que había sido postergado en la agenda política , referido a cambios estructurales en nuestro sistema educativo. En este sentido el informe de la OCDE el 2004 se preguntó, si la reforma educacional en Chile había “tocado techo” impuesto por las limitaciones estructurales; esto quedó en evidencia para ese grupo de expertos en una breve visita, es algo que ya, tal como señalé anteriormente, se remonta a la década de los 80. En esta perspectiva el proyecto de Ley General de Educación que fue presentado por la Presidenta, se entendió como un verdadero hito que fue largamente esperado por la ciudadanía. A través de este proyecto se pretendía derogar la LOCE, se puso en tela de juicio el diseño de mercado imperante al prohibir que se pudiera lucrar con recursos estatales, se fijarían principios básicos que estarían orientados al quehacer educativo entre los que destacaba, precisamente, el derecho a la educación. Incluso se pensó en la creación de una Superintendencia de Educación.
El problema ha continuado. El incremento año a año en los aranceles universitarios, lo que no se ve reflejado en algunos aspectos materiales en varias universidades estatales como infraestructura, bibliografías o tecnología, eso sumado a la problemática que ha causado la Tarjeta Nacional estudiantil (T.N.E) a lo largo de nuestro país, han generado nuevas manifestaciones.
Distintos establecimientos de la educación superior se encuentran paralizados, en toma o realizando protestas. Lo que sorprende es el hecho de que en nuestra ciudad y a pesar de tratarse de un problema tan sensible, algunos universitarios estén haciendo “oídos sordos” y en una conducta displicente hayan decidido, lisa y llanamente, emprender rumbo a sus casas sin participar en las distintas movilizaciones que se están realizando. En la Universidad de Tarapacá de Arica, precisamente, se hizo un llamado a expresar la no conformidad con la Ley General de Educación y las distintas problemáticas que cité precedentemente. Si no se forma conciencia de esta profunda crisis lo más probable es que la problemática en el sistema educativo siga sin solución, siendo los principales afectados no sólo nosotros, sino también las futuras generaciones.
Las escuelas y las universidades son los espacios donde se puede determinar la situación social futura de jóvenes y niños. La educación es un derecho, ningún ciudadano debe pagar por acceder a derechos, es el Estado, aunque a muchos no les guste, el responsable último de garantizar los derechos vigentes en una sociedad democrática. Que sean los estudiantes los que constantemente tengamos que recordar al Gobierno aquello que es tan evidente, es sinceramente preocupante; que existan algunos universitarios que no participen en la solución de esta problemática, es una verdadera pena.